La alerta de mensajes de mi teléfono se encendió en medio de una reunión. Tomé el aparato para ver el texto y sonreí. Era mi amigo Eugenio.

Quizá se recuerden de él. Hace un año escribí una columna acerca de la odisea en la que se embarcó cuando le robaron el celular por tercera vez sobre la Calzada Atanasio Tzul (La pueden leer aquí http://dinafernandez.com/2012/04/08/el-robo-que-derramo-el-vaso/)

Eugenio persiguió a los maleantes con ayuda de la policía, los encontró en su guarida, los sacó de ahí y los llevó a tribunales para entablarles juicio.

El viernes pasado, contra todo pronóstico, se dictó sentencia en contra de uno de los acusados, quien fue condenado a dos años de cárcel. El otro hombre, el tipo que le quitó el teléfono a punta de pistola, se salvó de una condena probablemente mayor. Bueno, concluir que “se salvó” es un decir porque lo mataron hace unos meses. Un día dejó de presentarse a las audiencias del robo de celular y Eugenio preguntó por él: la juez le contó entonces que lo habían asesinado y que existía un proceso por ese crimen.

Pero volvamos al robo del celular. El viernes hubo condena y mañana se llevará a cabo la audiencia de reparación, en la cual mi amigo espera que le paguen el iPhone que le quitaron y una compensación de Q10,000 por daños y perjuicios. Eso es menos de lo que el abogado de los asaltantes le ofreció a Eugenio el día del atraco para que retirara los cargos. “El dinero es lo de menos”, dijo al respecto. “El proceso no tiene precio”.

Sin duda, lo que estuvo dispuesto Eugenio a hacer por obtener justicia vale mucho más que Q10,000. Para comenzar, fue él quien tuvo que tomar la iniciativa de perseguir a los maleantes, ubicarlos por medio del GPS del celular robado, buscar una patrulla con agentes comprometidos que estuvieran dispuestos a ayudarlo y encarar a los atracadores sin miedo.

A Eugenio le tomó cerca de cinco horas lograr que detuvieron a los ladrones y más de seis que los consignaran. El día que comenzó con un atraco a las ocho de la mañana, terminó en la puerta de tribunales a las nueve de la noche, cuando consiguió que los sindicados quedaran fichados y procesados por el robo.

Posterior a ello, Eugenio tuvo que apoyar al Ministerio Público en la investigación. Por ejemplo, llevó en su vehículo al fiscal y los peritos al lugar de los hechos porque no tenían recursos para hacer esa diligencia. En otra ocasión también los condujo a Fraijanes para que fueran a ver el vehículo confiscado a la banda de delincuentes.

Por si fuera poco, Eugenio tuvo que presentarse a cinco audiencias en tribunales antes de declarar. Esas cinco audiencias fueron suspendidas por argucias de la defensa, que intentó paralizar el proceso.

Eugenio se armó de paciencia y siguió presentándose al tribunal. A la sexta audiencia pudo declarar –ni más ni menos de lo que le constaba, aunque le aconsejaron mil veces que añadiera cargos y drama a la acusación—y a la séptima, el viernes pasado, escuchó a la justicia pronunciarse a su favor, después de 14 meses de lucha.

¿Qué fue lo más difícil?, le pregunté ayer al comentar la experiencia. “No desistir”, respondió sin titubear. “Presentarme a cada audiencia aunque las suspendieran, aunque se perdiera el expediente. No renunciar”. Yo añadiría que a la tenacidad infinita de Eugenio habría que añadir otra virtud: el coraje de enfrentar a los criminales y exigir justicia.

Si todos estuviéramos dispuestos a esos actos de heroísmo ciudadano, no habría institución ni autoridad capaz de seguir negándose a responder.

Post guerra 2.0

May 16, 2013 | 27 Comments

Este 10 de mayo de 2013 terminó simbólicamente una época: la de la paz firmada el 29 de diciembre de 1996 entre el gobierno de Guatemala y la URNG.

El fin se veía venir desde hace ya algunos años, pero la sentencia que ha declarado culpable al general Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad abre un nuevo capítulo en la historia de la post guerra.

Me temo que la transición a esta nueva etapa no se llevará a cabo como soñamos que ocurriría: con caras nuevas al frente del proceso.

Por el contrario, quienes pasarán a ocupar los espacios centrales son los mismos personajes de hace casi 20 años, pero los que se opusieron desde el principio a los términos de las negociaciones de paz, tanto desde la derecha como desde la izquierda: quienes siempre opinaron que las concesiones hechas no valían la pena, que se había cedido más de la cuenta.

Ya que estamos llegando al fin de un proceso, vale la pena reflexionar acerca de su significado. El principal valor de la paz firmada en 1996 fue el cese del fuego: el fin de la violencia política entre las fuerzas del gobierno y las de la insurgencia. Demasiadas vidas se perdieron en el enfrentamiento y cada gota de sangre ahorrada desde entonces valió la pena.

El otro activo de la paz fue el esfuerzo por buscar acercamientos y consensos. Antes de las negociaciones, la única forma de intercambio entre sectores era la violencia. El proceso de paz obligó a muchos a sentarse a la misma mesa, a hablarse, a conocerse y a entender que el “otro” no era precisamente el monstruo construido desde los prejuicios y el aislamiento.

Antes del proceso de paz no existían vasos comunicantes entre los innumerables guetos de esta sociedad. Uno de los logros más relevantes de esta etapa fue construir puentes y abrir espacios para iniciar una relación entre sectores. Por consiguiente, uno de los mayores riesgos que podría entrañar la etapa que se inicia es la pérdida de esos puentes que aunque no sean prolíficos en acuerdos políticamente ejecutables, al menos han permitido disensos pacíficos.

Las fallas del proceso fueron muchas, pero si debo escoger la mayor de ellas, diría que la principal radicó en la escasa voluntad para cumplir lo acordado. Este mal no es un defecto exclusivo de los acuerdos de paz: lo he visto repetirse en innumerables ocasiones. Es típico de los guatemaltecos decir “sí”, cuando en el fondo quieren decir “no”.

De esa cuenta se firman documentos y se dan apretones de manos cuyo propósito genuino estriba en ganar tiempo, retrasar la toma de decisiones –entretener la nigua, como decía mi abuelita—y evitar a toda costa darle vida a lo acordado.

Nos guste o no, ese impase no podía perpetuarse. Empieza ahora una etapa de confrontación política y jurídica. En los próximos años los tribunales se verán colmados de litigios centrados en la memoria histórica, mientras en la calle los reclamos girarán en torno al uso de los recursos naturales y el subsuelo, y los que la coyuntura permita (como la reforma educativa) para paralizar el país.

Habrá una presión enorme sobre el sistema de justicia, que se desbordará el año que viene hacia las instituciones llamadas a conformar las Comisiones de Postulación, pues en 2014 se celebrarán elecciones para relevar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y Ministerio Público.

El siguiente objetivo, aparte de las elecciones generales de 2015, es la Constitución Política. Esas son las batallas que vienen. El mapa está marcado.

No podía terminar el juicio por genocidio sin que empezara uno en contra de algún ex guerrillero. Supongo que la Fiscalía necesitaba al menos un caso para probar que el proceso contra los generales Efraín Ríos Montt y Manuel Sánchez no tiene carga ideológica, que no se trata de una vendetta en contra de los militares.

El hombre que servirá de muestra para evidenciar que el brazo de la Fiscalía también alcanza a los antiguos miembros de la insurgencia se llama Fermín Felipe Solano Barillas, quien durante el conflicto armado habría utilizado el seudónimo de David.

A Solano Barillas lo fueron a sacar el jueves pasado de una escuela en la zona 7 capitalina donde trabaja como maestro. Se le acusa de asesinato en forma continuada y deberes contra la humanidad, crímenes que habrían sido cometidos o estarían relacionados la masacre de El Aguacate, ocurrida el 24 de noviembre de 1988 en las cercanía de San Andrés Iztapa, en Chimaltenango.

El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico le atribuye esta matanza a una patrulla de 10 guerrilleros, al mando de un subteniente David, militante de la Organización del Pueblo en Armas, ORPA, el grupo comandado por Rodrigo Asturias, conocido también como Gaspar Ilom.

La zona de ORPA era el altiplano suroccidental: los alrededores de los volcanes Tajumulco en San Marcos y Atitlán en Sololá. En el momento en que ocurrió la masacre del Aguacate, el propósito de este grupo insurgente era movilizarse hacia una región más cercana a la capital, principalmente los volcanes Acatenango y Fuego. La patrulla comandada por David se encontraba en el área de San Andrés Itzapa con la misión de explorar la zona y determinar la logística de ocupación.

La región de Chimaltenango estaba bajo control del Ejército, que contaba con Patrullas de Autodefensa Civil y comisionados militares en el área. Según la CEH, los hechos se desencadenaron porque uno de estos comisionados, Carlos Humberto Guerra Callejas, familiar del entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, Manuel Antonio Callejas, salió de su casa en el Aguacate para buscar unas vacas.

Mientras buscaba a su ganado, dio con los guerrilleros liderados por David, quienes lo detuvieron y asesinaron. Cuando Guerra Callejas no regresó a su casa, los vecinos se organizaron en grupos para buscarlo. Al adentrarse en la montaña, también dieron con los guerrilleros.

El informe de la CEH señala que por temor a ser identificados y delatados, el subteniente David, al mando de la operación insurgente, ordenó la ejecución de los pobladores retenidos. Los estrangularon uno a uno. En total sumaron 22 asesinatos: 21 campesinos y un miembro de la propia guerrilla, a quien mataron por suponerlo traidor.

Si el señor Solano Barillas es en verdad el subteniente David, no puede esperar mucho apoyo de sus antiguos compañeros pues desde que se elaboró el informe de la CEH, hubo miembros de la dirección nacional de ORPA que lo acusaron de este crimen, condenándolo como la acción más vergonzosa y reprobable de su organización.

Lo destacable aquí es que la masacre del Aguacate siempre fue un crimen abjurado por el liderazgo: un hecho del que por así decirlo, se sentían limpios. Muy distintos serían otros casos donde los mandos se verían involucrados ya sea por órdenes directas, por sus lineamientos estratégicos o su forma de concebir la lucha. Pienso aquí, por ejemplo, en la masacre de Chacalté, que involucra al EGP.

Pero fuera de ello, mi posición ante estos juicios, ya sea a guerrilleros o militares, sigue siendo la misma. ¿Van a fortalecer la justicia o nos devuelven a las trincheras del pasado? Ustedes saquen sus conclusiones.

En un pastel se puede poner la figura de Nemo, el pez payaso que se perdió en Australia, o la de Kung Fu Panda, el oso karateca. Si la intención es colocar sobre el fondant a la realeza, lo único aceptable es reproducir la estampa de las Princesas de Disney, para deleite de niñas de 6 años que se disfrazan de la Cenicienta.

Eso se vale en las piñatas, pero no en el gobierno. El alcalde de Mixco, Otto Pérez Leal, debería aspirar a ganar estatura política destacándose en la gestión pública, no compitiendo con personajes de caricatura por aparecer en el turrón de las pastelerías.

En un año y medio al frente de la alcaldía en Mixco, el hijo del presidente ha sobresalido por sus travesuras. Primero quiso duplicarse el sueldo y tuvo que dar marcha atrás. Ahora ha organizado el programa “Mi boda segura” a través del cual regala pasteles a los novios que se casan en la Muni.

Las tartas –financiadas con fondos públicos, faltaba más—vienen adornadas con los colores del partido oficial y además traen estampada una foto con la cara del alcalde. No sé qué pensarán los invitados de ese postre, pero a mí me sale la cara del Principito Naranja en el tenedor y se me atora el bocado en la garganta.

La idea ni siquiera es original. En el gobierno anterior regalaron “magdalenas solidarias” en cajas que traían la foto de la pareja presidencial dándose un beso. Lo de Otto Pérez Leal resulta igual de ridículo y de inaceptable –no tanto por lo gastado en los pasteles, unos Q5,500– sino porque el gesto revela un desprecio absoluto hacia las leyes del país, que prohíben hacer propaganda con el dinero de los contribuyentes, que buena falta hace para cosas verdaderamente importantes.

Si el Principito descuida con ese descaro los detalles, ¿qué no hará con los grandes rubros presupuestarios?

Hace algún tiempo, en medio de una de esas conversaciones sobre la eterna crisis del país, un abogado presente, el licenciado Juan José Morales, dijo esta frase que me quedó grabada con fuego: “En Guatemala, como no podemos resolver los asuntos de fondo, optamos por discutir sobre la forma”.

La semana pasada, a medida que presenciábamos cómo el juicio por genocidio se iba convirtiendo en un enredo procesal, del cual cada abogado tiene su propia interpretación, el diagnóstico del licenciado Morales vino a mi mente, con un triste añadido: al parecer ya hasta con la forma estamos topando, pues la hemos retorcido tanto que pronto no podremos ponernos de acuerdo ni en eso.

No hablo aquí sólo del proceso por genocidio, hablo de la mayoría de conflictos de gran envergadura que van a recalar a tribunales. Muchos de ellos surgen de un hecho concreto que debería poder resolverse con un fallo sencillo y ejecutable.

Pero no es así. En vez de solucionarse pronto y de tajo, estos problemas se transforman en auténticos laberintos de amparos, recursos, ocursos y nulidades, expedientes monstruosos que desafían el entendimiento de jueces y abogados, no digamos de las partes.

Los pleitos se van cundiendo de estratagemas que a su vez derivan en un sinnúmero de resoluciones — unas favorables, unas adversas, pero todas transitorias—destinadas a alimentar a la bestia procesal en sí misma, mientras que el problema de origen, el que requería una solución, se diluye en un abismo de trámites.

¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué lo permitimos? Le hice estas preguntas a algunos abogados con el propósito de ahondar en esta patología que nos convierte en una sociedad disfuncional.

El licenciado Morales, quien ofreció el diagnóstico inicial, dice que se debe a la desconfianza que tenemos en el sistema. Se supone que el juez debería resolver con imparcialidad y apego a la ley y al derecho. Pero al desconfiar del juez y del sistema, las partes optan por bloquear el proceso con la esperanza de lograr más adelante un fallo conveniente, ya sea porque se logra un momento propicio y un tribunal afín, o porque se lleva al oponente al agotamiento.

Aquí permitan que agregue mis cinco centavos a la discusión. Esa desconfianza no es gratuita: proviene de razones históricas con mucho peso y de la certeza de que aún hoy, la independencia judicial es como velo de novia, un tejido prácticamente insustancial, fácil de penetrar.

Según el presidente del Cedecon, Alejandro Balsells, los procesos también se complican por el irrespeto a los antecedentes y por las interpretaciones antojadizas de la ley. Aquí hemos visto jueces y magistrados que de pronto se descarrilan con fallos inverosímiles, en abierta contradicción a la historia jurídica, los principios del derecho y lo que manda la ley. “Pero como no hay sanciones, no pasa nada”, afirma el abogado. “Si un amparo se declara con lugar contra la autoridad, da igual, siguen tranquilos porque se presume la buena fe y ahí queda”.

Quienes mejor aprovechan el statu quo son los abogados litigantes, pues los juicios monstruosos les permiten ordeñar a los clientes, quienes se convierten en sus prisioneros.

Esta discusión es demasiado compleja y no se agota aquí, pero los invito a seguir reflexionando sobre ella, más allá de la coyuntura. Mientras no construyamos un sistema confiable para disuadir a los criminales y resolver nuestras diferencias, nos estamos condenado a vagar por ese laberinto oscuro, poblado de leviatanes de papel, que nos sofoca, nos esclaviza, nos empobrece y que a algunos les sirve de excusa para la violencia. Así, señores, no se puede vivir.

Festín frenético

April 25, 2013 | 17 Comments

No les llevo la cuenta, pero los periódicos han publicado una avalancha de comunicados a favor y en contra del juicio por genocidio en las últimas semanas.

Varios de estos pronunciamientos mencionan la independencia de los jueces, como si se tratara de una formulita de cortesía. La verdad, no se puede tomar muy en serio el gesto, pues desde el momento en que estas personas contratan espacios en los medios para sugerirle a los jueces qué considerar, qué leer, qué creer, qué pensar o incluso qué sentir, se están pasando la cacareada independencia judicial por el arco del triunfo.

Salvo contadas excepciones, resulta obvio que los responsables de estas proclamas tienen el corazón volcado en una visión del juicio y sobre todo, de la decisión que debería tomar el tribunal frente a los imputados. Bajo esa perspectiva, la independencia de los jueces no es independencia a secas, sino que se convierte en una independencia “a mi manera”, siempre y cuando resuelvan como yo quiero.

Suscribir una declaración pública no tendría sentido si los autores no creyeran en la posibilidad de ejercer influencia a través de sus palabras. De ahí que ese afán irresistible por publicar y divulgar pronunciamientos ponga en evidencia la fragilidad enorme de nuestro sistema de justicia. Nadie quiere quedarse callado cuando ve que los demás, en particular los adversarios, están empujando con todo.

Sin embargo, vale la pena resaltar que la presión que se ha hecho patente en el caso de genocidio envenena casi todos los procesos, en formas mucho más perversas y oscuras que las publicaciones de prensa o las cadenas en redes sociales.

Nuestros tribunales, incluidos los civiles, los mercantiles y los de familia, viven sometidos a formidables pulsos de tráfico de influencias. Estos se manifiestan de manera subrepticia, a través de una atenta llamadita al juez, o al estilo de las mafias tropicales, con amenazas, extorsiones y chantajes. En los casos de relevancia política se recurre sin rubor a la movilización de multitudes o la llegada de ciertas figuras a los juzgados en calidad del temido “coco” de la canción de cuna: aquí está el embajador, el jurista, el comisionado “que te comerá”.

La profusión de comunicados no es sana para el sistema, pero difícilmente se puede evitar. A diferencia de otras formas de presión que se ejercen de manera criminal, la Constitución garantiza el derecho de las personas a expresar su opinión, ya sea que paguen un desplegado a página completa en los diarios o que se ingenien un hashtag en Twitter para convertirlo en tendencia.

La tarea difícil le corresponde a los jueces: a ellos les toca hacerse inmunes al vocerío, concentrarse en la evidencia, ponderarla y tomar una decisión, sin miedo a los agravios que pueda acarrear. Ese es el “deber ser” de los libros, que en este país con instituciones débiles y redes de influencia poderosas, aficionadas a los periodicazos, los abucheos y las pataletas trepidantes, resulta complicado, acaso imposible, de aplicar.

Es cierto que hay razones, y de mucho peso, para cuestionar a varios miembros de la judicatura. Es cierto también que nos asiste el derecho de manifestar nuestra opinión y protestar contra aquello que nos parece injusto, incorrecto o inconveniente.

Pero ojalá algún día nos alcance la sensatez para entender las consecuencias de mantener un sistema de justicia donde más que discutir argumentos jurídicos, se intenta doblegar a los jueces a través de un festín frenético de medios o las tácticas más aviesas de presión.

Así ni se construye institucionalidad ni se hace justicia.

Pana Run

April 25, 2013 | 8 Comments

Tenía años de no ir a Panajachel, desde que sobre el pueblo se abatió el desastre: la cianobacteria, los derrumbes, los bloqueos, los encapuchados. El pueblo no invitaba y el tráfico de la CA-1, menos aún.

Volvimos el fin de semana del 14 de abril, gracias a los gemelos de + Deporte y sus socios, quienes desde hace seis años organizan Pana Run, una carrera que sale del parque de Panajachel, sube hacia el mirador de Santa Catarina Palopó, pasa del puente De la Amistad al Jorge Ubico, baja por la Calle de Santander y termina en la playa pública: 15 kilómetros de vistas que quitan el aliento y cuestas que rompen las piernas.

Aparte del insoportable embudo de Chimaltenango, hicimos el trayecto rápido y sin novedad. Desde el momento en que cruzamos hacia el lago y vimos el rótulo “Sololá te da la bienvenida, sin casaca”, no se nos borró la sonrisa.

Encontramos Panajachel algo cambiado. La bohemia de antaño ha retrocedido frente a las cadenas enlatadas, pero la pujanza del ingenio local resiste en cada esquina, en las carretas de comida y en los puestos de artesanía que ofrecen pelotas de crochet con los Angry Birds o Barbies vestidas con los trajes de la región. Al parecer, no hay ícono que se resista al sincretismo, ni los religiosos ni los comerciales.

A las dos de la tarde unos 300 corredores esperábamos en la línea de salida, frente a la Muni. Después de las carreras masivas de la capital, tiene encanto participar de un esfuerzo más pequeño, más familiar, pero no por ello menos entusiasta.

Pana Run ofrecía dos modalidades de participación: la competencia individual o en relevos, una innovación que permite incluir a principiantes y velocistas. Entre quienes optaron por los relevos destacaba un equipo con playeras batik, donde se mezclaban los rostros rubios con los morenos, una buena combinación de fuerzas locales y extranjeras. Había también una pareja fosforescente (la más aplaudida, ya verán por qué) y duplas con el inconfundible uniforme turquesa y rosado de los Ghost Runners, que dominaron la prueba.

La competencia empezó puntual, al grito de ¡Pana Run!, y la ola de corredores se lanzó a conquistar la ruta. Los primeros kilómetros, la mayor parte empedrados, fueron una buena introducción para el ascenso hacia Santa Catarina Palopó, la principal dificultad del trayecto. En los ganchos más agresivos de esa subida sufrieron hasta los corredores elite, no digamos los rezagados, que íbamos con los cachetes colorados y la camisa empapada, como si nos hubiera caído un aguacero.

La gente del pueblo salió a las calles para apoyar y los niños disfrutaron la fiesta, colaborando en los puntos de hidratación, chocando la mano de los corredores y sumándose por pedazos a la carrera. El más simpático fue un chiquito que salpicaba a los deportistas desde una terraza, en un gesto de abierta rebeldía porque podíamos escuchar a su madre gritar “¡Ya no desperdiciés!”.

El descenso a la playa fue triunfal para todos, del primero hasta el último, y el fin apoteósico lo puso la pareja fosforescente, que no sólo subió al podio para reclamar el segundo lugar de relevos, sino que coronó la prueba con petición de mano y un “¡Síii!” ovacionado entre lagrimones de felicidad.

Panajachel ha sufrido una larga sequía de turismo en los últimos años. Quisiera pensar que esos días malos han pasado y que eventos como Pana Run pueden atraer de nuevo a los visitantes, de una manera más amigable, sostenible y congruente con las maravillas que ofrece el lago.

En su columna del viernes 19 de abril, el colega Gustavo Berganza señalaba que la consecuencia política más relevante del juicio por genocidio contra los generales Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez es la reagrupación de la derecha, que pese a su gran heterogeneidad, presenta un frente común en este tema.

La observación de Gustavo es correcta, pero yo añadiría que este proceso puede tener otras secuelas importantes. Quiero referirme a una en concreto: el surgimiento de nuevas razones para el distanciamiento entre izquierda y Ejército.

¿Y acaso no se trata de enemigos históricos y naturales?, me van a preguntar. No necesariamente. De hecho, algunos de los momentos más emblemáticos y pujantes la izquierda guatemalteca contaron con la participación crucial de militares.

Para comenzar, Jacobo Arbenz era coronel. En 1960, el primer brote guerrillero del país surgió en el seno del propio Ejército. En 1974, el Frente Nacional de Oposición, conformado por la Democracia Cristiana, el Frente Unido Revolucionario Democrático de Manuel Colom Argueta, y el Partido Revolucionario Auténtico, ganó las elecciones presentando como candidato al general Ríos Montt. Este grupo de centro izquierda hubiera llegado al poder, a no ser porque un descarado fraude se los impidió.

A esas coincidencias entre la izquierda y algunos militares, agreguemos que desde el retorno a la democracia en 1985 y sobre todo desde la firma de la paz, en 1996, la alianza entre Ejército y elite económica quedó profundamente debilitada.

Tanto así que el sentimiento predominante en buena parte de la oficialidad era que el sector privado, al que defendieron con las armas, los había traicionado. Muchos se quejaban de que al terminar el conflicto, el ejército fue señalado, atacado y disminuido con la aquiescencia, cuando no la colaboración, de esa elite.

El enfriamiento de esas relaciones podría haber detonado un viraje en las simpatías políticas de los militares. Ya el general Alejandro Gramajo, en el gobierno de la Democracia Cristiana, se había demarcado de la senda anticomunista. Luego vino el gobierno de Ríos Montt y su confrontación con la “super cúpula” y más adelante algunos oficiales notables, como el coronel Mario Mérida, participaron de la fundación de proyectos políticos de centro izquierda, como la Unidad Nacional de la Esperanza (aunque dicho oficial se retirara posteriormente de ese esfuerzo).

Hace un par de años, en ocasión de un Encuentro Nacional de Empresarios, ENADE, uno de los invitados de honor a ese foro, de nacionalidad venezolana, le preguntó ansioso a los organizadores por la salud de las relaciones entre ellos y la institución armada. El descuido de esos vínculos, aseguró el gurú, había sido una de las grandes fortalezas de Hugo Chávez para consolidarse en el poder. Los empresarios palidecieron ante las admoniciones del venezolano: sabían que sus relaciones con los militares no pasaban por su mejor momento.

Supongo que esos mismos dirigentes empresariales estarán hoy suspirando con alivio al observar el barullo desatado por la acusación de genocidio: la posibilidad de una alianza entre izquierda y Ejército ha quedado, por el momento, anulada.

En su libro Las huellas de Guatemala, Gustavo Porras cuenta cómo cuatro coroneles recibieron en el aeropuerto a los cuatro comandantes de la URNG, reconociendo su grado militar, el día antes de la firma de la paz. Entre soldados profesionales, analiza el sociólogo, al concluir el conflicto político, concluía la guerra y se abrían las puertas para el respeto, la colaboración e incluso la amistad.

Desde hace medio siglo, los niños bien no van a la Escuela Politécnica. La base social del Ejército, e incluso su liderazgo, son de raigambre cada vez más popular. Los puentes entre ellos y la izquierda deberían ser naturales. Pero por ahora, parece bastante seguro afirmar que no serán.

Correr la maratón de Boston es, para muchos fondistas, un logro en sí mismo.

Hay muchas maratones apetecibles –Nueva York, la más internacional; Londres, la más alegre; Berlín, la más rápida—pero Boston tiene un abolengo que no le disputa ninguna carrera en el mundo.

Para comenzar, es la maratón más antigua que existe. Se inició en 1897, con 18 corredores, un año después de las primeras Olimpiadas modernas, y desde entonces se estableció como un reto para los atletas más curtidos y veloces. Los mejores.

En otras maratones, para obtener un dorsal basta con pagar la inscripción o salir seleccionado en una rifa. Para ir a Boston, hay que calificar y los tiempos son demandantes. En la categoría de edad de 18 a 35 años, los hombres necesitan una marca de 3:05, las mujeres 3:35. Con el tiempo que yo hice en mi primera maratón, 5:28, no podría calificar así tuviera 80 años.

Los corredores de Boston son una liga aparte. Quien ha coronado “la Colina Rompe Corazones” en el kilómetro 32 para arremeter hacia la meta en Boylston Street, pertenece a un grupo de atletas que ha hecho historia deportiva. Para los guatemaltecos, es ponerse atrás de Doroteo Guamuch Flores, quien ganó la prueba en 1952 con zapatos de calle, los únicos que tenía. Para las mujeres significa honrar a Bobbi Gibb, quien en 1966 defendió a codazo limpio su derecho, y el de todas nosotras, a competir.

Este lunes 15 de abril, en la línea de salida había 23,000 corredores venidos de todas partes de Estados Unidos y 96 países. Medio millón de almas los esperaban a lo largo de las calles de Boston para apoyar no sólo el esfuerzo individual, sino la idea loca, inverosímil, de que las personas podemos trascender nuestras diferencias y unirnos en el vigor y la disciplina, pero también en la alegría.

Cada uno de esos 23,000 maratonistas había soñado con probarse a sí mismo en esa cita. Muchos de ellos viajaron acompañados de familia y amigos para compartir ese momento de victoria en el que se ha invertido tanto sudor. Entre ellos había 14 guatemaltecos: atletas profesionales y aficionados del mejor nivel. Gracias a Dios, todos están bien.

Quienes detonaron las dos bombas, asesinando a tres personas e hiriendo a más de 150, pretendían maximizar la carnicería y aplastar el espíritu de los corredores y la ciudad que los acoge.

Se ve que estos señores no conocen a los maratonistas.

Para correr 42.195 kilómetros –y para correrlos en los tiempos que requiere Boston—hay que estar dispuesto al sacrificio. La maratón es una escuela de paciencia que enseña a conquistar distancias, obstáculos y terrenos difíciles. Cuestas que se antojan imposibles. Lesiones que hacen aullar. Esa voz necia que susurra al oído “no puedes”.

La evidencia la palpamos el lunes. El corredor de 78 años que cayó al suelo por la fuerza de la primera explosión se levantó y terminó la carrera en el segundo puesto de su categoría. Hubo un muchacho que cubrió con su cuerpo a una mujer herida para evitar que se desangrara. Otros se presentaron al hospital, después de haber corrido la maratón completa, para donar su sangre.

Confío en que las autoridades de Boston no tardarán en someter a los criminales a la justicia. Esa es su tarea. La nuestra, la de los maratonistas ciudadanos del mundo es seguir reclamando las calles, peleando por ese espacio que se mide en asfalto pero que se ensancha en mentes y corazones. Ahí no cabe el odio ni el miedo, tampoco los límites, sólo el propósito de luchar contra el cronómetro como mejor sabemos hacerlo, ayudando al que desfallece y aplaudiendo al que vuela.

De ocho a cinco

February 4, 2013 | 5 Comments

La vicepresidenta Roxana Baldetti se enredó en sus palabras la semana pasada cuando convocó a una conferencia de prensa con el propósito de desmentir que haya pugna interna en el Partido Patriota.

Hay veces que es mejor guardar silencio. Los buenos abogados suelen aconsejarlo: en los interrogatorios se debe responder exclusivamente a las preguntas formuladas y es preferible si esas respuestas son tan breves como precisas, pues entre más se abre la boca, más oportunidades de que entren o salgan moscas.

La señora Baldetti llegó a la conferencia ataviada con un pañuelo naranja, el color del partido oficial, en su posición de máxima autoridad de esa institución. Cuando se le cuestionó si estaba faltando al precepto constitucional de “representar a la unidad nacional”, argumentó que por encontrarse fuera del horario del Organismo Ejecutivo, es decir, “de ocho a cinco”, ella podía dedicarse tranquilamente a resolver los asuntos del partido.

Esa declaración de la Vicepresidenta se convirtió en el epicentro de un terremoto de críticas. Los muchachos de Líder, por ejemplo, se dieron un banquete. ¿Ah sí? ¿De ocho a cinco? ¿Y después qué? ¿El país se queda sin quien gobierne mientras la Presidenta en funciones se dedica a darle pache pache a los niños díscolos del Patriota?

No faltaron las comparaciones con algunos oficios donde el cumplimiento de la jornada laboral, al minuto exacto, es asunto cuasi religioso. Ahí nos imaginamos a la Vice, limándose las uñas en el escritorio, con la vista puesta en el reloj. O mejor aún, con playera de trabajo, los zapatos viejos sin amarrar y una pelota de fútbol, chata a fuerza de chamuscas, bajo el brazo.

En el fondo, aquí el problema no es el largo de la jornada laboral. Sabemos que la mayoría de altos funcionarios del Ejecutivo trabaja bastante más de ocho horas, que están a disposición del mandatario en cualquier momento y que se les ha convocado para sesiones de Gabinete a horas inhumanas.

El problema es más grave: estriba en la esencia de la misión de los dignatarios del país. Más allá de cuánto trabajan, preocupa para quién trabajan, con qué propósito. ¿Para servir al país, enaltecer el bien común? ¿O para promover intereses personales y particulares, que redundan en la acumulación de dinero y poder para ellos, sus padrinos y sus achichincles?

Hay quienes piensan que no se puede pretender jamás que las personas actúen en beneficio de la sociedad, que pase lo que pase estarán motivadas primero por su propio interés. Esos mismos escépticos se reirían de nuestra tradición constitucional, según la cual resulta preferible que quienes ejercen la Presidencia de la República no sean, al mismo tiempo, los líderes de su partido político. Lindo el gesto, pero ¿a quién pretendemos engañar?, sería el comentario.

Yo sí conozco personas altruistas y no me resigno a la idea de que esa cualidad está prohibida en un político. Pero está claro que mientras eso sucede, al menos las formas deben guardarse.

La Vicepresidenta se colocó a sí misma en una posición imposible, condenada a ser el centro de un enorme conflicto de interés. De ahí que si le toca sustituir al Presidente, ni de chiste debería ocurrírsele hacer una aparición pública como Secretaria General del Patriota.

Por mucho que ella diga que pueda compartimentar sus horas, no puede desdoblarse a sí misma. El problema no es que Baldetti sea Vicepresidenta de día y Secretaria General del Patriota de noche: el problema es que a todas horas toma decisiones en función de ambas calidades y eso, estoy segura, no puede ser bueno para el resto de guatemaltecos.