Feb

7

No más caipiriñas, por favor

Febrero 7, 2010 | 6 Comments

El presidente del Organismo Judicial, Erick Álvarez, ha iniciado con mal pie su gestión. Ni tres meses duró este abogado al frente de la Corte Suprema sin que le estallara un escándalo en las narices, detonado por los Q129,000 que le costó a los contribuyentes su viajecito a Brasil, tierra de la samba y las caipiriñas.
El problema no fue que Álvarez asistiera a una reunión preparatoria para la XV Cumbre Judicial Iberoamericana: todos entendemos que Guatemala debe estar representada en los foros más importantes del ramo. Y desde luego, tampoco pretenderíamos que un dignatario de Estado se hospedara en un pulguero, sin dinero suficiente para los taxis.
Lo que hace inaceptable la actitud del Presidente del OJ es de otro orden: el funcionario ha cometido un abuso que raya en lo delictivo y en vez de ofrecer cuando menos una disculpa y una reparación a la sociedad, se ha negado a rendir cuentas, haciéndose el caprichudo y el ofendido.
Ese proceder sería entendible en un rey tribal africano de lanza y penacho, quien podría tener la excusa de regirse por otras normas culturales, pero resulta intolerable en un servidor público de un gobierno supuestamente republicano y democrático.
Según los propios documentos de la Cumbre Judicial, los organizadores del evento habían ofrecido pagar el hospedaje y la alimentación de todos los participantes. Por ende, los Q58,106 que Álvarez recibió para sufragar esos gastos, así como los Q28,223 entregados a su asistente, Londi Castillo, estaban de más desde el principio. En consecuencia, ambos viajeros deberían devolver el dinero que no puedan liquidar con comprobantes.
Para animarlos a hacer lo correcto, la diputada oficialista Delia Bac, alias “give back the money”, podría llamar al honorable presidente de la Corte y contarle cómo ella se vio forzada a reembolsar al Congreso por una situación similar.
Los viáticos deben entenderse como una provisión para gastos necesarios. De ninguna manera tienen derecho los funcionarios a considerar que son una especie de “bono” exempto de impuestos, que ellos pueden embolsarse sin dar explicaciones ni usar para el “shopping” de los viajecitos dizque oficiales.
El otro elemento inquietante de este escándalo es la compañía que eligió el señor Presidente para el evento. En lugar de asistir con un colega que pudiera aprovechar el evento para beneficio institucional, Álvarez eligió a su guapa y veinteañera asistente, la señorita Castillo, a quien él mismo dijo, llevaba de chaperona para que lo orientara en el aeropuerto y le sirviera de traductora.
Si Álvarez de verdad requiere de asistencia especial para moverse de una terminal área a otra o para registrarse en el hotel, me pregunto qué clase de ejército de asesores necesita para administrar y presidir el OJ. Y si la Cumbre se desarrollaba mayormente en español y ofrecía traducción simultánea, me pregunto para qué se requerían los servicios multilingües de la señorita Castillo.
De hecho, dadas las circunstancias del viaje y de lo tentador que puede resultar un destino como Brasil, sería bueno establecer si los dos guatemaltecos participaron de verdad en la Cumbre o si aprovecharon el tiempo en otras asignaturas de índole turístico.
Mientras esto se dilucida, lo mínimo que esperaríamos del resto de magistrados de la Corte Suprema es que exijan sanciones concretas para Álvarez y su asistente, y de entrada el reintegro de los viáticos no justificados.
Resulta vergonzoso y desconsolador que los magistrados se la pasen regateando fondos para asuntos esenciales, como dotar a los jueces de seguridad, de autos blindados y gasolina para los mismos, cuando el presidente de la institución dilapida el dinero de los contribuyentes en caipiriñas.
Lo más triste de todo es que, a diferencia de lo que han declarado anteriores integrantes de la Corte, lo que ha hecho Álvarez no es inédito: son muchos los magistrados que han cometido abusos imperdonables, exigiendo la contratación de “recomendados” sin calificaciones, transformando viajes de trabajo en escapadas románticas y utilizando recursos y personal del OJ para su beneficio personal.
Es una tristeza: si los integrantes de la nueva Corte no pueden ponerle alto a sus propios vicios, la justicia seguirá tan podrida como hasta hoy.

Feb

2

Mafias mutantes

Febrero 2, 2010 | 15 Comments

El general retirado Francisco Ortega Menaldo está de nuevo encabezando titulares, a raíz de la detención del ex presidente Alfonso Portillo.
El regreso de este militar a la palestra pública también ha revivido el nombre de una red político delictiva, la famosa Cofradía, que supuestamente combinó en una sola organización posiciones de poder en el aparato estatal y negocios ilícitos.
Según informes internacionales, esta red habría alcanzado su cúspide de influencia en la década de 1980, en lo más recio del conflicto armado interno, cuando el manejo de los asuntos del gobierno era de una opacidad que hoy, con todos los problemas que aún tenemos, resulta impensable.
Posteriormente, en la segunda mitad de los años 1990, la prensa nacional y algunas organizaciones como la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, empezaron a denunciar la integración y las actividades de la tal Cofradía.
Si creemos que estos reportes son correctos, la red habría empezando copando el departamento financiero del Ejército, que manejaba una impresionante tajada del presupuesto nacional, y luego se habría extendido a controlar aduanas, puertos y toda clase de instituciones y empresas que le permitieran agenciarse de recursos.
Para promover sus intereses y garantizarse total impunidad, la organización habría llegado a dominar los órganos de inteligencia del Estado, al tiempo que infiltraba las fuerzas policiales y la administración de justicia.
A lo largo de los años hemos tenido indicios que confirman la existencia de la famosa Cofradía. Uno de los principales quizá fue la captura del señor Armando Moreno durante el gobierno del Partido de Avanzada Nacional, a quien se acusaba de ser un operador clave de esta mafia, en la “unidad de negocios” dedicada al contrabando.
Mucho se dijo al momento de la captura de Moreno: que si sus archivos permitían establecer vínculos directos con una larga lista de militares y empresarios, que si la red contaba también con los servicios de un grupo de abogados e incluso que había periodistas en la nómina de estos señores.
De las cajas secuestradas en la casa del señor Moreno salieron varios documentos comprometedores, que se publicaron con gran sentido de la oportunidad, incluida una fotografía donde el supuesto “capo” aparecía abrazado de Alfonso Portillo. Eso sí, nunca se pudo establecer un inventario completo de la evidencia, ni tan siquiera de los nombres ligados a la red. Al fin de cuentas, Moreno salió de la cárcel y quienes seguimos el proceso nos quedamos con la impresión de que las autoridades prefirieron cerrar la olla de grillos porque los salpicados eran muchos y demasiado poderosos.
En medio de todo este barullo, Washington comenzó a actuar y varios de los señalados cayeron en desgracia y enfrentaron el castigo esencialmente simbólico de perder la visa. A Ortega Menaldo, por ejemplo, se la revocaron en 2002 pero nunca se le procesó ni se le llevó a tribunales.
En la conferencia de prensa ofrecida tras la captura de Portillo, se mencionó que el ex presidente formaba parte de la Cofradía y que ésta se encontraba bajo la mira de la Cicig y el Ministerio Público.
Muchas preguntas surgen alrededor de ese señalamiento. Para comenzar, valdría la pena establecer si esa red sigue conservando el poder de antaño o si por el contrario, las autoridades están persiguiendo a un espectro. Cabe la posibilidad de que esta red siga operando, pero también que se haya transformado, adaptándose a las nuevas circunstancias, que haya cambiado de liderazgos e incluso que se encuentre ahora en estado catatónico.
Hace algunos años varias organizaciones intentaron hacer mapas de las redes mafiosas. Sería muy oportuno que se retomara ahora ese trabajo, para revisar si la visión de hace una década todavía se sostiene y en qué medida.
Mucho me temo que el crimen organizado se ha sofisticado y que la dinámica internacional de las mafias –especialmente las estrategias y pugnas que han marcado la evolución del narcotráfico en Latinoamérica–, han contribuido a reconfigurar las redes delictivas locales de maneras que apenas intuimos el día de hoy.
El desafío de desmantelar esas mafias es enorme, por el peso que tienen en términos económicos y porque si se empieza a tirar del cordón, no se sabe hasta qué alturas se puede llegar. Eso, sin embargo, no lo hace ni menos urgente, ni menos necesario. La viabilidad misma del país está en juego

Ene

31

A prueba, otra vez

Enero 31, 2010 | 19 Comments

Dicen que el caso Portillo pone a prueba el sistema de justicia en el país.
En los últimos días he escuchado ese sainate por doquier y a decir verdad, al principio no reparé en el significado del comentario. Observaciones como esa ya forman parte de nuestros lugares comunes, igual que “sólo en Guate”, “aquí los muertos acarrean la basura” o “los patos le tiran a las escopetas”.
Pero como la gente lo sigue repitiendo, quizá vale la pena reflexionar en la expresión de moda.
¿Será que la administración de justicia en nuestro país tiene que pasar una prueba más? ¿Será siquiera que la aguanta? ¿Le daríamos a un diabético un pastel de esos obscenos, de cajeta con turrón, a ver si de pronto lo metaboliza bien y no entra en coma?
No hace falta ser experto para entender cuál es el estado de salud de la justicia: nuestras instituciones se encuentran colapsadas.
Tenemos 6,500 asesinatos al año y 98 por ciento de impunidad. Hay balaceras en los buses a diario, llevamos más muertas que Ciudad Juárez y tenemos regiones completas bajo control de las mafias. Linchamos en las aldeas, linchamos en la Universidad y estamos a dos grados de separación de su atento servidor, el sicario.
Decir que la extradición de Alfonso Portillo pone a prueba a la fiscalía y las cortes pone nuestra esperanza en lograr una excepción, como si un solo proceso y una sola sentencia pudieran hacer que la impunidad desaparezca. Se nos olvida que detrás del caso Portillo hay una presión colosal que no viene de dentro de esta sociedad. Se nos olvida que cuando el ex presidente vino extraditado hace un año, ya traía en la mano un cheque por el monto de la fianza que iban a imponerle, sin mencionar que pasó un año tan campante, haciendo campaña política, antes de que la vida se le pusiera difícil.
La justicia en nuestro país ya ha superado otras pruebas, de esas que nos gusta calificar de emblemáticas, pero luego sucede lo mismo: la atención que se le da a un caso “de alto impacto” no se replica para el resto y entonces los números de la violencia y la impunidad siguen creciendo porque los criminales se saben a salvo.
La pregunta no es si la justicia podrá procesar a Portillo, pues si la Fiscalía de Nueva York quiere llevarse al ex presidente es muy probable que lo logre.
La pregunta es qué vamos a hacer nosotros para quebrar las estructuras que sostienen la corrupción y la impunidad, si como sociedad tenemos lo que se necesita para rescatar a nuestro país, para dejarnos de poses y lamentos y someternos a la ley, sin excusas ni excepciones.
Hasta ahora, los avances que hemos logrado han sido fruto de conmociones casi telúricas: la partera de la Cicig fue un escándalo, igual que lo fue el de la Ley de Comisiones de Postulación. Pero cuando no hay eventos que sacuden el país, la agenda de reforma para la seguridad y la justicia se hunde en ese pantano tibio de la corrupción orgánica donde todo se atranca, sin importar los consensos alcanzados, la palabra empeñada, el compromiso firmado.
Quienes estamos a prueba para cambiar esa realidad somos nosotros los guatemaltecos, la sociedad entera. Está a prueba la elite, que con un soplido resbala al abismo. Están a prueba los políticos, que no pueden seguir erigiendo partidos desechables y está a prueba la población en general, que ya no puede vivir entre la indiferencia y el miedo.
Ya otras veces hemos desperdiciado momentos decisivos, como la firma de la paz en 1996 o la del pacto fiscal, en 2000. Preferimos concentrarnos cada uno en su ombligo, en su propio mundito personal. Así nos alcanzó otro lugar común que hace años se repetía en cada esquina y que curiosamente, ya nadie menciona, ahora que la profecía se cumplió: el del estallido social.
No podemos seguir así. Los refugios se nos están agotando. ¿Alguien ha visto imágenes de las calles de Mogadishu? Eso nos espera si no entendemos que aquí cada uno está a prueba, que el rescate del país nos toca a todos, no sólo al fiscal, al juez o al candidato.

Ene

26

Pollo frito y un corrido entre paréntesis

Enero 26, 2010 | 21 Comments

Parece que sí, que la Fiscalía del estado de Nueva York convertirá al ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, más conocido como Pollo Ronco, en Pollo Frito.
Al capturar al ex mandatario ayer en Punta de Palma, Izabal, uno de esos rincones que son prácticamente territorio liberado del narcotráfico, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la Policía Nacional y el Ministerio Público dieron el primer paso para iniciar el proceso de extradición que requiere la justicia norteamericana.
Si éste procede, mucho me temo que se le habrá terminado a Portillo el karma de prófugo que tuvo a bien cobijarlo desde que mató a dos personas en Chilpancingo, allá en el año de 1982, cuando consiguió escapar de la justicia por primera vez.
El ex presidente no podía durar mucho tiempo suelto. Una cosa es huir por veredas tropicales cuando se tienen amigos poderosos y otra muy distinta es intentarlo, cuando se es requerido por la justicia de los Estados Unidos bajo cargos de lavado de dinero.
Igual que al famoso capo colombiano Pablo Escobar, a quien ubicaron gracias a una llamada telefónica, al Pollo Ronco lo traicionó su propio pico: la primera pista que tuvieron de él las autoridades llegó a través de las escuchas telefónicas. (Lo cual me lleva a hacer un necesario paréntesis: nuevamente tenemos a la vista la prueba fehaciente de cuán útiles pueden ser las leyes recién decretadas para perseguir criminales. ¿Cuándo van a aprobar los diputados las que faltan?)
Cerrado el paréntesis, cabe señalar que con el arresto de ayer, las autoridades locales han logrado salvar la cara, luego de los fallidos allanamientos del sábado por la noche. Ahora falta que se investiguen las fugas de información y se procese a los responsables por hacer el “favor” de obstruir a la justicia. (Y ya que empecé a abrir paréntesis, aquí les va otro: ¿por qué será que a Portillo sí lo consiguieron agarrar en cuestión de horas, mientras que a los hermanos Lorenzana, acusados de delitos igual de serios, nadie los toca?)
Pero dejemos al Embajador MacFarland con sus graves cavilaciones. Las palabras que usó el fiscal de Nueva York, Preet Bharara, al afirmar que Portillo usó las bóvedas del Crédito Hipotecario Nacional, como su cajero automático particular, abusando de la confianza de su pueblo, son lapidarias y reflejan que el gobierno de los Estados Unidos tiene todas las ganas de desplumar al ex presidente y echarlo en aceite hirviendo.
El zacapaneco se encuentra hoy en la misma situación que terminó por acorralar a los capos originales del narcotráfico colombiano. Estos señores no le temían a los tribunales de su país ni mucho menos al sistema de presidios, pero dinamitaron Colombia con tal de no vestir el overol naranja de una cárcel en Estados Unidos.
La solicitud de extradición del famoso Pollo Ronco tiene también el potencial para detonar una cantidad enorme de preguntas, discusiones y ojalá, procesos que sirvan para desmantelar las estructuras de la corrupción.
Mucha gente está disgustada con el ex mandatario y quiere verlo encerrado, pagando por esa larga fila de gobernantes que han saqueado al país. Sin embargo, de poco o nada va a servir que se le castigue ejemplarmente si no se ataca el sistema que alimenta la corrupción de manera orgánica.
Alfonso Portillo nunca actuó solo: funcionó como una pieza más de un aparato corrupto, dedicado a cometer delitos. Se han mencionado ya nombres conocidos –el general Francisco Ortega Menaldo, Napoleón Rojas, los hermanos Salán Sánchez– como cómplices, quizá incluso jefes, del ex gobernante. (Y aquí viene el paréntesis más misterioso de todos: ¿no será que el Pollo puede salvarse de caer en el sartén haciéndole segunda voz a quien lo delató a él, José Armando Llort Quiteño?)
Esa piar sí que valdría la pena escucharlo, aunque el Pollo logre así quedarse más ronco que frito. Y mientras se le oye, hay que tener presente algo que Portillo siempre cantó en sus discursos, con toda razón y conocimiento de causa: a saber que la corrupción tiene dos puntas y no vale menos la del corruptor. (Lo cual nos lleva, lamentablemente, al paréntesis final, que tiene además tinte diplomático: el gobierno de Taiwan aún nos debe explicaciones, no sólo por los cheques girados a Portillo, sino por todos los “regalitos” que han repartido a los demás presidentes de Centroamérica.)

Ene

22

A los Comisionados

Enero 22, 2010 | 13 Comments

El próximo lunes van a reunirse por primera vez los doce abogados que deberán elegir a seis candidatos para dirigir el Ministerio Público.
En manos de estos señores –el nuevo presidente de la Corte Suprema, nueve decanos de las facultades de Derecho y dos miembros del Colegio de Abogados— descansa en buena medida el futuro de la justicia en nuestro país.
Espero que al momento de jurar obediencia a la Constitución de la República, los integrantes de la Comisión Postuladora hayan respirado hondo para oxigenarse el cerebro y asumir, con plena lucidez, la responsabilidad enorme que les compete.
Guatemala está en una situación desesperada. El otro día el Presidente de la Corte y de esta Comisión Postuladora, Erick Álvarez, declaraba que no es para tanto, que no estamos tan mal. Esa actitud preocupa, pues estoy segura que una aplastante mayoría de guatemaltecos se siente mucho menos indolente que el magistrado que ahora encabeza el Organismo Judicial.
Los crímenes violentos nos arrebatan a cerca de 6,500 personas al año, más del doble de muertos que hubo en Afganistán (2000 civiles y 500 soldados), un país en guerra.
Esas cifras ya son horrendas pero empeoran al considerar que si no hacemos algo drástico y quizá exagerado, esas 6500 muertes van a quedar impunes.
Los doce abogados que conforman la Comisión Postuladora del Ministerio Público tienen la posibilidad de hacer la diferencia y darnos razones para la esperanza. O bien, por el contrario, pueden esforzarse para acomodar mejor ese paraíso de asesinos en el que hemos convertido a Guatemala.
A diferencia de lo que ocurrió con la elección de los magistrados para la Corte Suprema y Salas de Apelaciones, estos señores van a elegir a seis candidatos, no a 200, y cuentan con cuatro meses para hacerlo.
Esta vez resultaría inaceptable oírlos decir que no les da tiempo estudiar con rigor los expedientes o entrevistar a los interesados. Si proceden con diligencia, nada impide que analicen, por ejemplo, quiénes han sido los principales clientes de los postulantes o a cuánto asciende su estado patrimonial y si éste tiene una explicación lógica y decente.
Los Comisionados también disponen ahora de la experiencia para elaborar una mejor escala de calificación que la utilizada en el proceso pasado, la cual adolecía de incongruencias capaces de distorsionar la trayectoria de varios profesionales.
Aparte de aplicar las lecciones aprendidas, esperaríamos que los Comisionados demuestren una actitud más digna, más responsable y comprometida con una genuina búsqueda de la justicia y del bien común.
Sería realmente desalentador confirmar que algunos Comisionados están al servicio de intereses tenebrosos, que su misión no es elegir a los mejores sino a quienes tienen pacto con las mafias. No basta proponer una lista de candidatos que incluya a tres buenos, dos rascuaches y un bandido. La Comisión Postuladora es un ente técnico y debe presentar una lista impecable, de seis candidatos que reúnan las calidades profesionales y morales para ocupar el cargo de Fiscal General.
No queremos volver a saber de componendas ni ser testigos de espectáculos vergonzosos, como el de cierto integrante de la anterior Comisión, que se escurrió al baño para llamar al auténtico “jefe” y rendirle cuentas, susurrando por el celular desde el cubículo del inodoro.
Sería una afrenta que nuevamente alguien intentara cambiar la calificación de un expediente y peor aún, que todos en coro finjan demencia ante conflictos de interés notorios o la falta de ética de alguna “joya” del gremio.
En este punto hay que hacer hincapié. La “reconocida honorabilidad” no puede interpretarse simplemente como carencia de antecedentes policíacos y penales: significa que se debe buscar a profesionales con una hoja de vida intachable.
Y por último, hay que tener en cuenta que para Fiscal General necesitamos a alguien con coraje, no un borreguito asustado o una tímida violeta. Si queremos rescatar a Guatemala, hay que estar dispuestos a poner el pecho, así vamos

Ene

19

Otra mancha para el tigre

Enero 19, 2010 | 12 Comments

Nos preguntamos por qué en el Congreso están detenidas algunas leyes que le urgen al país –para fortalecer seguridad y justicia y combatir la corrupción– y al mismo tiempo, los diarios se dan un festín con la pelea de cantina protagonizada por el diputado de Chiquimula, Ferdy Berganza, y el director ejecutivo del Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz (CNAP), Elmen Mérida.
Incidentes como este son los que desnudan el estado harapiento y vergonzoso de nuestra institucionalidad política.
Para comenzar, ¿cuáles fueron las razones por las que el diputado Berganza decidió somatar al señor Mérida? Ambos intercambian acusaciones, pero en el fondo, todas regresan al mismo punto: el legislador enfureció por el despedido de sus achichincles del CNAP.
El señor Mérida se defiende diciendo que el desempeño de los “nenecos” de Berganza daba ganas de llorar y añade que poco faltó para que no lo agarraran a balazos los matones de Berganza. El agresor responde que él, tan pacífico y civilizado, no anda armado, que nunca enseñó pistola ni amenazó de muerte, que su gente es ejemplar y fue despedida sin justificación alguna y que además, el señor Mérida le robó una computadora y una tarjeta de débito.
¿Quién tendrá la razón? La verdad con los antecedentes de las joyas de nuestra clase política, lo más probable es que haya un poco de verdad en las afirmaciones de cada uno. Pero lo que nadie niega es que el motivo último de los golpes fue un puñado de empleos, lo cual pone de relieve la importancia capital del clientelismo en la política criolla, que funciona a base de la repartición de plazas.
A raíz de esto, el señor Berganza ha sido enviado al Tribunal de Honor del partido oficial, lo cual en términos reales significa que lo mantendrán en el congelador, regañado pero con suficiente modo para que el hombre siga poniendo su voto al servicio de la UNE (siempre y cuando lo complazcan a él también, de vez en cuando).
El arreglo debería bajarle el volumen al pleito y al diputado problema, lo cual satisface los intereses a corto plazo de los actores políticos, aunque mantenga sin respuesta las preocupaciones de mediano y largo plazo de la ciudadanía, harta ya del desgobierno que venimos sufriendo, no sólo ahora, sino desde hace mucho tiempo.
En primer lugar, ¿qué hace alguien como el señor Berganza de vuelta en el Organismo Legislativo? El ya había ocupado una curul, en el Congreso que fue “depurado” tras el auto golpe de Jorge Serrano, y salió de ahí sin laudos.
Donde más destacó fue como dirigente de fútbol, del ilustre equipo Sacachispas y la Liga Nacional. Después de ello, su nombre ha sonado, entre campanazos y corridos al estilo de los Tigres del Norte, vinculado con las mafias del narcotráfico que tienen sojuzgada a una parte creciente del territorio.
Claro está, nunca se le ha probado nada al señor Berganza(¿y a quién sí, digánme ustedes?) y por ello en las elecciones pasadas tenía el camino limpio para regresar al Hemiciclo, portento que logró junto al señor Baudilio Hichos, otro gato chiquimulteco de siete vidas en materia política.
Se entiende que al principio debe haber corrido mucha miel entre Berganza y la dirigencia del partido oficial pues lo nombraron segundo vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, cargo con el que por cierto, viajó a representar al país en seminarios sobre combate a las mafias de la droga.
El amor se les debe haber terminado el año pasado, porque lo corrieron de la dirección departamental del partido, casi se lía a golpes con otro congresista y posteriormente se supo que había sufrido un atentado en Chiquimula.
Como seguramente en algún lugar lo tenían que poner, lo mandaron de coordinador del CNAP, lo cual ilustra también el ardoroso interés depositado en el seguimiento a los Acuerdos de Paz.
Ahora Berganza está en el congelador y con posibilidades limitadas de reubicarse en otra lista electoral de cara a los comicios de 2011. Sin embargo, esto no soluciona en nada los problemas de fondo que su caso pone en evidencia: clientelismo en lugar de capacidad técnica y de gestión, abuso en lugar de servicio, violencia en lugar de diálogo, intereses mezquinos en lugar de ideas y propuestas programáticas, etcétera, etcétera.
¿Hasta cuándo vamos a permitir ese desprecio a la institucionalidad política y al servicio público?

Ene

15

Vivir entre asesinos

Enero 15, 2010 | 20 Comments

La investigación de la muerte de Rodrigo Rosenberg ha puesto en evidencia el estado floreciente del sicariato –como institución e industria—en Guatemala.
Varios elementos llaman poderosamente la atención.
Primero, que la banda de gatilleros contratada para matar al abogado se encontraba integrada por policías y un militar, todos de baja. En otras palabras, se formaron en el seno de instituciones estatales, donde aprendieron su oficio y lo perfeccionaron, becados por los contribuyentes.
Las escuchas telefónicas revelan que estos señores se agenciaban una cantidad impresionante de “negocios”: el plagio de un empresario coreano, el asesinato de un alcalde de Jutiapa, atracos en la zona 1, robos de droga… Y en esas “vueltas”, mataban a quien hiciera falta con la misma naturalidad con la que uno escribe un correo electrónico.
Resulta cómodo entonces apuntarlos con el dedo y calificarlos de monstruos. Sin embargo, también vale la pena preguntar qué significa para nuestra sociedad que una industria como la del sicariato prospere de esa manera tan boyante.
La respuesta es simple: si hay oferta es porque hay demanda. Y eso quiere decir que a “ellos”, asquerosos criminales, también los contrata gente como “nosotros”, los honrados y decentes.
Desde que han empezado a salir a luz las circunstancias del caso Rosenberg, numerosas personas han comentado en los foros de los medios que el asesinato por precio es una maña heredada del conflicto armado y una práctica deplorable de la elite económica de nuestro país.
Es cierto, pero sólo a medias. Ojalá sólo algunos empresarios recurrieran a la violencia para solucionar sus problemas: entonces los asesinatos no se contarían por millares. Lo triste es que aquí eso de cancelarle la partida de nacimiento al vecino es un recurso generalizado y democrático.
El mercado de los asesinatos da para todos los bolsillos: hay de Q300, según un reportaje de Angel Sas de este diario, y también Q300,000, según la investigación de la Cicig. Como dice el refrán, dependiendo del sapo es la pedrada, pero asusta que una vida humana pueda costar menos que un cochito asado.
En un país donde la impunidad roza el 100 por ciento, un sicario puede salir a ejecutar a su víctima en su propio vehículo y usando su celular, como si se tratara de un visitador médico. Por su parte, quienes los emplean resuelven de tajo cualquier pleito (al menos eso creen), en vez de sentarse a hacer cola en un sistema de justicia colapsado, donde harán fila durante meses y donde se arriesgan a ser nuevamente timados.
Se trata pues de un círculo vicioso, movido por incentivos perversos, que nos sumerge en un estado caótico donde sólo funciona la ley del más fuerte, del más macho, del más matón.
Quizá para engañarnos con “una mentira que nos haga felices” como dijo Arjona y nos haga creer que vivimos bajo un sistema más aceptable es que nos aferramos con tanta fuerza a las teorías conspirativas: preferimos pensar que impera el terror del Estado o del Poder, en vez de reconocer que estamos sujetos al terror que bien puede ejercer cada uno de nosotros con absoluta impunidad.
La Cicig ha demostrado que es posible en Guatemala realizar una investigación seria, fundamentada en evidencia científica, para presentar un caso sólido en tribunales y encerrar a los responsables. Ahora sabemos que sí se puede: ellos sí han podido rastrear teléfonos celulares y llamadas, seguir el rastro del dinero, acceder a registros de instituciones gubernamentales y privadas, estudiar las grabaciones de las cámaras sembradas en toda la ciudad, vigilar a los delincuentes, frustrar sus nuevos golpes…
¿Por qué no se hace siempre? ¿Y por qué los gobernantes se resisten a dar los pasos necesarios para proteger a jueces y fiscales, construir una cárcel de máxima seguridad y tipificar ciertos delitos, como el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias, entre otros?
¿Será que preferimos vivir entre asesinos? ¿Será que no podemos prescindir de ciertas ventajas, como pasar buscando excepciones a la ley, pisoteando principios jurídicos, decidiendo a voluntad quien ha de pagarla, no quien la debe? ¿Será que nos gusta ese caos crepitante de balazos donde se podrán morir 6,500 cristianos al año, pero sin que nadie rinda cuentas de sus actos?

Ene

13

Y ahora…¡otro vídeo!

Enero 13, 2010 | 15 Comments

Hoy el Partido Patriota presentó un vídeo, protagonizado por el testigo falso que utilizó el ex ministro Salvador Gándara para tratar de embarrar a Roxana Baldetti y Otto Pérez en el asesinato de Rosenberg.
Ahora este señor, Ovidio Bac, un pilar del honor y la verdad, sale echando sapos y culebras contra el gobierno, pero en especial contra el secretario de relaciones públicas, Ronaldo Robles, a quien acusa de no haberle pagado los US$500 mil que le ofrecieron, sino pinches Q10 mil.
Está claro que Gándara se lució en este asunto y que debe rendir cuentas a la justicia por lo que hizo. Está claro que se deben deducir responsabilidades por los recursos públicos utilizados en esa farsa. Está claro que hay que averiguar quién lo ayudó a montarla.
Sin embargo, pregunto: ¿se sometió al polígrafo a este señor Bac antes de dejarlo dispararse ante las cámaras con una nueva acusación? En su alocución el hombre repite y repite que él tenía 50 demandas y 11 órdenes de captura. Yo no le creía pero ni lo que se comió en el almuerzo a menos de que le hagan una prueba de laboratorio.
El MP debe investigar de oficio los delitos que se cometieron durante la investigación de Rosenberg para obstruir a la justicia y los patriotas están en todo su derecho de adherirse.

Sin embargo, ¿no creen ustedes que ya tenemos suficiente con un vídeo? A los sociópatas como el señor Bac les encanta la exposición mediática. No tiene sentido regalársela.

Ene

13

¿Qué queremos? ¿Justicia o linchamientos?

Enero 13, 2010 | 24 Comments

Mucho queda por comentar en el caso Rosemberg pero lo más importante quizá sea analizar, y difundir, que en Guatemala sí es posible realizar investigaciones criminales serias que revelan la verdad, nos guste o no. Si esto es posible, como ha quedado demostrado ayer, es posible que nuestro país cambie y hay cabida para la esperanza. Yo invito a todos los lectores a informarse plenamente, a meterse a la página de la Cicig www.cicig.org y escuchar de primera mano la presentación del doctor Castresana porque sólo así podrán ponderar la cantidad de evidencia científica –los detalles y los matices– que fundamentan la conclusión que conocimos ayer. Lo que desgarra a Guatemala, lo que nos tiene al borde del colapso, es la falta de justicia. Eso es lo que necesitamos…no un linchamiento. Qué tristeza que haya quienes no saben reconocer la verdad –o la desechan voluntariamente– cuando la tienen enfrente.
Nosotros decidimos si queremos linchar a quien nos cae mal o si queremos buscar justicia en una forma imparcial, profesional y objetiva. Uno es el camino del salvajismo que ya hemos probado. El otro implica someterse a la ley, todos por igual. Pregunto de nuevo: ¿eso queremos?

Ene

12

Las dudas resueltas y las pendientes

Enero 12, 2010 | 24 Comments

Un colega me envió hoy un mensajito de texto mientras el jefe de la Cicig, Carlos Castresana, daba su conferencia de prensa sobre el caso Rosemberg: “parece que estás ligada a proceso”, bromeaba.
Bueno, sólo puedo decir que la primera sorprendida fui yo al escuchar que el Comisionado decidió responder a las dudas planteadas en esta columna la semana pasada, dudas que no eran exclusivamente mías sino que intentaban recoger las de muchos guatemaltecos preocupados por la impunidad.
Gracias entonces al señor Castresana por las respuestas.
Nuevamente este fiscal vasco ha demostrado que es posible llevar a cabo en Guatemala una investigación objetiva, profesional y rigurosa, incluso cuando los resultados no van a ser populares, como ciertamente ocurre en esta ocasión. Hoy quedó claro que la hipótesis que veníamos escuchando en calidad de rumor desde finales de diciembre –según la cual Rodrigo Rosemberg habría ordenado su propia muerte—está fundamentada en hechos concretos y sólidos, no en la bocanada de un sicario o un bolito de esos que se han quemado las neuronas a puro “quimicazo”.
La evidencia, obtenida del rastreo de teléfonos celulares y el análisis de las llamadas realizadas desde esos números, es contundente. En especial me impresionó que las cámaras de La Pradera hayan captado al piloto de Rosemberg al comprar los teléfonos celulares utilizados en el crimen y que la propia secretaria del abogado haya consignado la adquisición de los aparatos en la contabilidad de la oficina.
También resultaron muy esclarecedoras las explicaciones ofrecidas por Castresana sobre las razones por las que se acusa a los hermanos Valdés, así como la ponderación que hizo el Comisionado sobre el calado de la responsabilidad de estos señores y los atenuantes con los que podrían contar.
Será interesante ver cómo prepara su estrategia la defensa de estos empresarios, pues sin duda alguna sus argumentos generarán un intenso debate sobre la violencia endémica, la penetración del sicariato y la absoluta falta de justicia que hay en Guatemala (que son las mismas razones que impulsaron al señor Rosemberg a proceder como lo hizo).
Fue importante asimismo que Castresana presentara datos tangibles, no chismes, acerca del estado anímico del abogado previo a su muerte: entre ellos destaca la compra de dos tumbas contiguas en el Cementerio las Flores (una para él, otra para Marjorie Musa), la elaboración de su testamento, la renuncia a su posición en el bufete y los poderes que entregó a sus hijos adultos.
Al cabo de esta investigación, resulta obvio que Rodrigo Rosemberg no era un santo (¿y quién de nosotros lo es?). Pero también que al grabar el video, él estaba convencido de que sólo así sería capaz de conmover al país y desatar una investigación seria sobre el asesinato de los señores Musa.
El jefe de la Cicig mencionó que ya está trabajando para resolver ese crimen. Como muestra aseguró que tiene más de 6000 documentos bajo la lupa y ha conducido más de 60 entrevistas.
Hay que entender que las primeras 48 horas después de un crimen son cruciales para obtener la información más relevante. Pasaron varias semanas entre el asesinato de los señores Musa y la muerte de Rodrigo Rosemberg, por lo que la tarea debe presentar muchos retos.
Aún así, no está de más reiterarle al señor Castresana que es vital para nuestro país dar con los responsables de ese otro crimen y averiguar cuánto hay de cierto en las acusaciones de corrupción en negocios del Estado que hizo el jurista antes de morir. El dato ofrecido cual primicia sobre las deudas vencidas de los fideicomisos del café, es en sí, revelador y preocupante.
Mientras tanto, queda pendiente un asunto más: el ex ministro Salvador Gándara tiene que rendir cuentas por su empeño en desviar la atención de la Cicig hacia un testigo falso que se prestó al baile. Es una vergüenza que se hayan utilizado recursos públicos para montar una farsa.