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Dilema constitucional
June 6, 2010 | 5 Comments
Lo recuerdo bien. Yo tendría unos doce o trece años y mis papás estaban haciendo la sobremesa con amigos. No sé si yo bajé para pedir ayuda en mis tareas o si simplemente me fui a meter a la conversación de los adultos. El caso es que se discutía la Constitución y la prohibición vigente para cierto tipo de ideologías y partidos políticos.
El asunto me llamó la atención porque en mi casa y en el colegio había escuchado yo repetir hasta la saciedad que toda persona tenía derecho a pensar y a decir lo que quisiera: aquello lo tenía yo grabado como el padre nuestro. Pregunté entonces por qué se les vetaba y si aquello no era contradictorio.
Se hizo el silencio y tras una buena alharaca, alguien me explicó que quien no respetaba las reglas no tenía derecho a jugar. Acabé por levantarme y dejar la discusión de los “grandes”, pero me fui pensando que el argumento, aunque tenía cierta lógica, no borraba la contradicción.
Sin darme cuenta, como suelen hacer los niños y los jóvenes, había señalado uno de los detonantes del conflicto armado que tenía al país abrasado en pólvora. Al excluir un grupo entero de la vida política del país, la misma constitución trazó el camino para el surgimiento de una insurrección armada.
No podría decir cuándo ocurrió esa conversación, pero fue seguramente en el contexto de la transición a la democracia, después del golpe de Estado de 1982. La Asamblea Constituyente que dio vida a la Carta Magna del 85 estaba a las puertas.
Acabamos de celebrar los 25 años de ese texto constitucional y resulta indudable que aquel proceso fue un paso hacia delante en nuestra historia política. El establecimiento de un nuevo marco jurídico le permitió a nuestro país sentar las bases de la democracia y salir de las tinieblas de una guerra que duró casi 40 años.
Después de décadas de abusos y atrocidades cometidas desde el Estado, uno de los principales objetivos de los constituyentes era proteger los Derechos Humanos y erigir sobre ellos una nueva base de convivencia. Tomó una década más acallar los fusiles, firmar la paz y terminar con las viejas proscripciones políticas, pero se logró.
Ahora bien, las leyes no pueden solucionar todos los problemas de una sociedad. En especial, no pueden crear por arte de magia las instituciones que se requieren para darle vida al Estado de Derecho, ni la cultura ciudadana que lo sustente.
Ha pasado un cuarto de siglo desde que se promulgó la nueva Constitución y estamos atravesando, nuevamente, por una tormenta política que amenaza con hacernos zozobrar en nuestra propia sangre. Nadie ignora que a la luz de los desafíos que hoy enfrentamos, sobre todo en materia de justicia y combate a la criminalidad, nuestra normativa constitucional –ya reformada en 1994—amerita revisión.
La Carta Magna establece restricciones para las fuerzas de seguridad –como la prohibición de realizar cateos y allanamientos en la noche o el límite de horas para la detención de un sospechoso–, que son más estrictas que las existentes en otros países y limitan la capacidad de acción policial.
Hay otros asuntos de mayor fondo que también sería conveniente reconsiderar: el momento y la forma en que se integran el Congreso y el Organismo Judicial, el nombramiento de varias posiciones clave, el número de diputados o los montos de las asignaciones presupuestarias que le otorgan, por ejemplo, más dinero al deporte confederado que a todas las cortes de justicia.
Me parece que podríamos llegar a un consenso respecto a algunos puntos por reformar, pero no iniciamos el proceso porque nos paraliza un temor que irónicamente nos recuerda los fantasmas de la Constitución anterior: la posibilidad de entregarle la ley superior a personajes proclives a instaurar populismos despóticos, a los representantes de intereses particulares o peor aún, a los testaferros declarados de las mafias.
Ahí está el punto toral de nuestros problemas, en el debilitamiento y la descomposición de los partidos políticos, que han desnaturalizado los poderes del Estado, y en la apatía de nuestra cultura cívica que lo ha permitido… no en la Constitución misma, que como todo, es perfectible. ¿Qué necesitamos hacer para salir de este círculo vicioso? Y sobre todo, ¿cómo empezamos?
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Estimada Dina: Las causas que dieron origen al conflicto armado, aun siguen siendo las mismas: Una gran mayoría sigue en extrema pobreza y un pequeño grupo en extrema riqueza. Antes de pensar en reformar la constitución, se debería hacer el último intento por cumplirla y obedecerla.
Mi estimada y respetada Dina: que queremos? por el amor de Dios!!! otra clase de lideres politicos, no esa gama de alimañas aprovechadas enquistadas en todos los partidos politicos y en los organismos del Estado, necesitamos personas con sentido profesional, con sentido de amor a su patria, no a su beneficio personal, necesitamos estadistas, no personas que se pasen aquejumbrandose permanentemente, endilgandole la culpa a otros. El asunto mi estimada Dina, no es tanto de leyes, de documentos, de letras muertas en un texto legal, es mas que todo, sobre todo, de actitudes, valores y principios humanos y muy particularmente, guatemaltecos. Sin eso, no hay ley que valga, no hay ley que se efectiva. Esa es la verdadera revision y cambio, de valores, de personas, que se necesita en Guatemala……
Que cambio puede haber, si los que hacen o modifican las leyes, tienen tres o cuatro perìodos en el congreso, haciendo lo mismo, lo que quiere decir NADA.
Creo que la legislacion en nuestro pais necesita reformas preofundas, sin embargo se necesita que esas reformas se pongan en practica, pues hasta la fecha las leyes estan vigentes mas no son positivas.
Así es señora López, la ley se aplica de manera arbitraria.