Dentro y fuera de Guatemala hay personas, grupos y organizaciones que quieren equiparar al actual gobierno a los regímenes militares de los años 1970 y 1980 y ponerle al presidente la etiqueta de asesino y violador de los derechos humanos.

Este anhelo no puede deberse a razones ideológicas. El Partido Patriota lleva apenas cuatro meses en el poder y resulta evidente que entre este grupo y los social demócratas de la administración anterior las diferencias son de matices en cuanto a política pública, y de financistas en cuanto a repartición de negocios.

Como origen de la inquina se pueden descartar las razones, más no las pasiones ideológicas, las acrisoladas en el conflicto armado y los fracasos de la post guerra. Por eso hay quienes comen ansias por señalar a las autoridades de gorilas represores mientras otros apuntan con el dedo y gritan “terroristas”.

Podemos caer en la lógica de 1979 y dejar que corra de nuevo el carrete de la historia o podemos analizar los hechos más fríamente, poniéndole una pizca de sal a nuestras simpatías políticas.

Si nos detenemos en lo ocurrido en Santa Cruz Barillas debemos ir más allá de los prejuicios y las posturas panfletarias. Eso implica , por ejemplo, estar abiertos a considerar que la miseria de las poblaciones más aisladas del territorio necesitan más que el ocasional estado de sitio para recordarles que son parte de este país y que se encuentran bajo jurisdicción de las leyes de un estado llamado Guatemala.

Sería recomendable, entre otras cosas, que de pronto se les atendiera con carreteras, servicios básicos, administración de justicia, escuelas, sanidad pública y proyectos productivos que les permitan mejorar sus condiciones de vida.

Poblaciones como las aldeas de Huehuetenango no viven sumidas en la pobreza porque así les guste o porque estén llenas de haraganes. Después de 500 años de los mismos ranchos con piso de tierra, sin agua, sin drenajes, con nula o baja escolaridad y altas tasas de mortalidad por disentería, queda claro que esas condiciones no se van a superar por milagro o generación espontánea.

La miseria debe generar acciones de cambio pero no puede utilizarse como justificación para estallidos de violencia colectiva que culminan en linchamientos, quema de casas, asalto y destrucción de edificios públicos, lesiones graves y homicidios.

No se vale repetir ingenuamente que la pobreza se resolverá sola, gracias a la mano invisible, pero tampoco nos podemos tragar con candor casi infantil que la historia de la conflictividad del campo no está rodeada de intereses muy reales, cuyos operadores no tienen más tarea que ir a prender un fósforo a la par de la fuga del gas.

Huehuetenango, San Marcos y Petén son territorios cercanos a las fronteras, con escasa presencia del Estado, donde desde hace años han campeado a sus anchas las mafias. Es obvio que hay quienes quisieran que esos lugares se quedaran así por mucho tiempo más.

Lo que el gobierno y la sociedad capitalina bien pensante deben comprender es que la fuerza y el estado de sitio no bastan para desactivar las bombas de la conflictividad rural. De hecho, el proceso debería ser al revés: llegar con escuelas y hospitales antes de que haya muertos y necesidad de soldados.

Eso sí que sorprendería a quienes quisieran darnos la bienvenida a 1979.

Las promesas de promover un gobierno “del cambio”, de impulsar una gestión honrada y transparente, ya suenan como ofrecimientos de hombre parrandero. “Ahora sí va a ser diferente”. “Ésta fue la última”. Ajá. Y una puede seguir sentada, esperando que le crezcan raíces, o bien cae en cuenta que no hay tales de los castillos en España.

Le llegó al presidente la hora del desgaste. Mucho tardó. Hace unas semanas, el desencanto con la nueva administración se cebó en la figura de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, a quien el colega Gustavo Berganza bautizó “Roxandra” (un apodo de esos que se pegan para siempre). Corrieron los rumores y la tinta sobre la pléyade de figuras poco recomendables que la rodean y de la voracidad con la que supuestamente se pelean el pastel de los negocios públicos.

Mientras la vicepresidenta se desgajaba en la maquinita para pelar naranjas, algunos levantaban la mirada suplicante hacia el presidente Pérez. Querían que el mandatario diera un paso al frente y pusiera orden. Pero la vida prosiguió sin novedad y el presidente bien gracias, silbando.

A diferencia de los funcionarios menores que recibieron una sonora patada en el trasero a los pocos días de iniciado el gobierno, con la advertencia de que no se tolerarían abusos, hoy está claro que la severidad no se aplica a todos por igual.

El señor Adolfo Vivar, alcalde de la Antigua, por ejemplo, puede dedicarse tranquilamente a repartir contratos entre su parentela y proclamar a los cuatro vientos que tanto de alcalde o de diputado “se hacen negocios”. Nadie lo va a echar del Partido Patriota (ni siquiera porque existe la posibilidad de que el jefe edil se vaya a bailar de cachetío con Manuel Baldizón).

Los funcionarios que aspiran a ser como Vivar y hundir los bigotes en el delicioso turrón del erario no tienen nada que temer si son protegidos de la cúpula presidencial. Basta con que renuncien discretamente a sus empresas y dejen en su lugar a un pariente y ¡listo! ya pueden licitar para recibir una tajada. Le pueden pedir el manual de instrucciones al diputado Edgar Cristiani, al secretario de la vicepresidenta, Juan Carlos Monzón o al subsecretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, Miguel Ángel Martínez.

¿Alguien en el PP se acuerda a estas alturas de la enjundia con la que se denostaba el divorcio de mentiritas “a lo Sandra Torres”? No hemos oído a nadie quejarse de la separación simbólica de estos funcionarios de sus empresas.

Es triste pero resulta lógico que estemos contemplando la voracidad con la que padrinos y colaboradores de campaña se han lanzado a recuperar la inversión política que realizaron durante las elecciones.

Por muchas buenas intenciones que se proclamen, el sistema tiene una lógica y un momentum –un clientelismo que se agota en cuatro años– y estamos viendo las consecuencias.

De hecho, si el Presidente Otto Pérez diera el brinco que todos quieren y procesara a los señalados, las cosas seguirían igual. Lo que necesitamos es una reforma política seria, que vaya al corazón de los partidos políticos, y una reestructuración de los procesos de gestión en el Estado. Podrían comenzar con las compras en salud y seguir luego con los modelos de licitación de carreteras y obra pública. Lo malo es que todos los gobiernos anteriores hubiesen podido hacerlo igual, pero la realidad es que nunca lo hacen.

En la terna de candidatos que ha elegido el Congreso para dirigir esa institución, el actual jefe de la institución no aparece. Después diez años en manos de “El Gordo”, la decisión de los diputados asegura un relevo en la oficina del Ombudsman.

Sólo queda esperar que el cambio sea para mejorar.

Hace algunos días, el colega Enrique Naveda publicó en Plaza Pública un análisis iluminador acerca del futuro de la PDH y por ahora se han confirmado dos vaticinios plasmados en esa nota: que la de Morales era una candidatura en declive y que en la contienda podían surgir con fuerza personajes menos conocidos y menos controversiales, como los abogados Alejandro Córdova y Elizabeth Palencia.

La comisión parlamentaria de Derechos Humanos, paradójicamente presidida por un diputado del Frente Republicano Guatemalteco, es decir, el partido del general Efraín Ríos Montt, quien hoy enfrenta una acusación por genocidio, le ha otorgado los mejores punteos a Córdova y Palencia.

El tercer nombre en la terna, el del diputado Jorge de León Duque, era bola cantada desde el año pasado. Este congresista, fundador del partido CREO, goza del legado de su padre, el ex presidente Ramiro de León y del apoyo de un grupo variopinto que incluye a personalidades de la academia, activistas y cabezones del “establishment”.

Mis compañeros de Canal Antigua han entrevistado a los tres postulados y comparto con ustedes mis apreciaciones.

El candidato con el mejor punteo, el licenciado Alejandro Córdova, es quien más dificultades ha tenido para presentarse. Lo vinculan con uno de los principales operadores políticos del país, el empresario Roberto López Villatoro, conocido como “el Rey del Tenis”. El señor Córdova lo niega y añade que él jamás ha pertenecido a partido político alguno (patadita a de León) y que su independencia es a prueba de grupos y personas.

Córdova se define ideológicamente como “centrado, clásico y con deseos de servir a Guatemala” –palabras prudentes pero inútiles para entender sus convicciones–, y asegura que sus fortalezas radican en la experiencia académica y de campo. Lástima que no haya sabido proyectar qué tipo de PDH tendríamos si los votos lo favorecen.

Las intervenciones de la licenciada Palencia fueron más reveladoras. Ella se mostró como una mujer decidida, que se atreve a señalar las deficiencias del actual PDH: haber politizado la institución y desnaturalizado el mandato..

Al mencionar cuál sería su postura en temas como los desalojos o la conflictividad minera, la licenciada Palencia dejó entrever que lideraría una PDH más militante en los derechos económicos y sociales. También ofreció fiscalizar al gobierno, aunque ello albergue, a mi criterio, el riesgo de caer en la politización actual.

Al definirse ideológicamente, Palencia no me impresionó: dijo ser “progresista”, ni de izquierda ni de derecha, sino convencida de la necesidad de la “progresión de las ideas”.

En cuanto a Jorge de León, es quizá el candidato que mejor conozco pues lo he entrevistado varias veces. Me parece académicamente sólido y ha sido capaz de aterrizar ideas sensatas y concretas, como ofrecer la presencia del PDH en las situaciones críticas. A pesar de ello, no deja de ser cierto que es miembro fundador de un partido político.

En menos de un mes, uno de ellos se encontrará al frente de la PDH y de Q100 millones de presupuesto. El Congreso, por su misma naturaleza, tomará una decisión política. Dicen que ya eligieron: resta ver si el escrutinio ciudadano puede alterar el conteo final de los votos.

La primera en llegar es Silvia, la colega pelirroja. Luego se aparece Mónica, la chilena de Long Island, seguida de Lía, la amiga de infancia. Y de último Timoi, la japonesa que cubre Wall Street.

Ninguna falta, pero esta vez no hemos venido para el manicure y la última prueba del vestido de novia. No hay gaitas ni ramos de rosas ni vamos a amanecer bailando. Esta vez hemos venido a despedirnos.

Cada una cuelga el abrigo y la bufanda. Nos quitamos las botas.

Lauren está derrumbada en el sofá, con un pijama de franela. La enfermedad le ha endurecido el gesto. Entre ella y un condenado a muerte no existe diferencia. Los abogados pueden estirar la agonía, pero el fin vendrá, de eso no hay duda. Verla batallar con la espera duele: por ella y por nosotras.

Silvia no lo puede evitar, rompe en llanto. Se acaba de mudar a otra ciudad y ni ella ni sus hijas se adaptan. Pelean todo el tiempo y ella se siente incapaz y culpable.

Timoi trata de mantener el sentido del humor. Es la más joven y la acaba de reclutar el Washington Post. Al ver a la amiga moribunda, la acicatea el dilema: ¿qué hacer, seguir trabajando o buscar la maternidad? ¿Qué es más importante, qué la hará más feliz?

Mónica vino con la bolsa llena de revistas. Cosmopolitan y los 99 datos de sexo que no sabías, People y Halle Berry vestida de lavanda. Ha sido ella quien ha cuidado al perro de Lauren, quien llamó para decirme “es tiempo”. Acompañar a la amiga se ha vuelto su misión. ¿Qué hará cuando ya no esté?

Lía, la única del grupo que no es periodista, casi no habla. La conoce desde niña. Es ella quien la vio leer los libros de Nancy Drew donde encontró la vocación, la que supo de su primer beso. Está recién casada pero no se ve contenta. ¿Merece la pena seguir?

Y luego, estoy yo. Acabo de dejar Prensa Libre y no sé aún qué voy a hacer de mi vida. Lauren es mi primera amiga periodista, la primera con quien pude compartir la pasión de la lectura, de los textos, del oficio. Lejos de Guatemala, se convirtió en mi familia: escribíamos codo a codo, veíamos películas los viernes y desayunábamos los domingos. Pasamos por tres bodas, dos nacimientos y un divorcio. Juntas bebimos lágrimas y Moët Chandon. Ella tiene fe en mí, no importa lo que venga. Yo no tanto.

Ahora toca decirse adiós. Pasamos el fin de semana en el apartamento, haciendo sopas de pollo y sándwiches de queso. Conversamos hasta dormirnos. La última noche nos damos un festín de helado y recibimos instrucciones: quién escribirá el obituario, cómo debe ser el funeral.

La veo sobre el sofá. Está cada vez más pálida, cada vez más sola. Va cargada de logros: un Pulitzer, dos años de lucha frente a un cáncer feroz y cinco amigas que la han seguido hasta la muerte. A ella le parece poco. Tiene 39 años y sólo quiere seguir escribiendo. “Es lo único que me ha salvado”, dijo una vez en el hospital.

Está llegando a la última página. Cuando toca el timbre el taxista que viene por mí, nos abrazamos. “Has sido una buena amiga”, me dice al oído. Camino al aeropuerto, lloro como una niña.

Han pasado cinco años pero desde entonces, los primeros días de mayo significan para mí el recuerdo de Lauren en pijama y cinco mujeres descalzas, sentadas en la alfombra, en un apartamento de la calle 93.

La toma de esa sede diplomática por un grupo de indígenas, miembros del Comité de Unidad Campesina, CUC, apoyados por universitarios ligados al Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, así como la respuesta salvaje del gobierno del general Romeo Lucas García, que se negó al diálogo, marcan un hito en el conflicto armado interno de nuestro país.

Varios elementos contribuyeron a que ese hecho se convirtiera en un punto de inflexión. En la quema de la Embajada de España confluyeron varios elementos: la irrupción de la conflictividad del campo en la ciudad; la muerte brutal de personas que simbolizaban a varios de los sectores enfrentados de la sociedad, como campesinos, universitarios y representantes de la derecha citadina; la presencia de la comunidad internacional.

Ese día, la guerra se trasladó de las montañas a la zona 9 y se transmitió, en todo su horror, por televisión. Un grupo de la izquierda rebelde y radicalizada intentó llamar la atención mundial sobre su causa tomando una sede diplomática. Y el mundo entero comprobó que el régimen guatemalteco estaba dispuesto a todo –¡a todo!– antes que mostrar debilidad.

A partir de ese momento, nuestro país fue declarado paria y en los siguientes 36 meses reinó la barbarie.

Ahora este hecho se somete a juicio y el jefe del Comando Seis de la Policía Nacional, Pedro García Arredondo, uno de los protagonistas siniestros de la época, se sentará en el banquillo de los acusados en representación del gobierno de entonces.
Hay quienes lo celebran, argumentando que este proceso nos permitirá dilucidar la verdad y entender qué pasó.

Yo lo dudo. Por el contrario, considero que bajo la sombra de un juicio, las personas que participaron en los hechos intentarán presentar una versión que les sea favorable.

Para entender la complejidad de lo sucedido me parece mucho más fructífero leer lo que se ha escrito sobre este acontecimiento, sin olvidar la investigación del historiador Jorge Luján Muñoz, publicada hace un par de años con el propósito de desenmarañar los hechos de los espejismos, sin defender posturas o personas.

De esa lectura emanan varias conclusiones: que la toma de la Embajada no fue pacífica, pues los campesinos llevaban bombas incendiarias y los estudiantes, armas; que entre campesinos y guerrilleros existía coordinación y entendimiento; que la respuesta gubernamental fue monstruosa y no admite justificación; y que existen fuertes indicios de que el señor Cajal no fue un simple observador.

Contra él se había desatado una campaña de descrédito, organizada por su propio antecesor. El hombre se jactaba de tener una embajada “de puertas abiertas”, cuando todas las demás habían reforzado su seguridad. Días antes había visitado el Quiché y se esforzó en reunir en la Embajada a tres notables del foro guatemalteco ese día, y en recordarles la cita.

Todos los actores tuvieron diferente grado de responsabilidad en la tragedia y todos sobre estimaron sus fuerzas. Los rebeldes tomaron la sede diplomática para mostrar la problemática que estaba en la raíz de la guerra y anunciar su beligerancia. Las fuerzas de seguridad fueron incapaces de generar otra reacción que la fuerza bruta y un hombre, hoy anciano, tuvo el sueño loco e insensato de mediar entre ellos y jugar a salvador del mundo.

Tenía 11 años, pero ya saben ustedes cómo son los relatos de Poe: le quedan a uno tatuados en la imaginación, al punto que ya no sé si el miedo a un entierro prematuro pertenece a los temores atávicos de la humanidad o si es producto de haber leído El Barril de Amontillado.

Lo cierto es que al abrir los periódicos del lunes y ver las fotos de ese burdel de donde rescataron a casi 20 mujeres a quienes tenían encerradas en un sótano, sentí escalofríos. Recordé los gritos de Fortunato, el protagonista del cuento de Poe, mientras el amigo que le engañó con elogios y la posibilidad de probar un buen vino, colocaba hilera tras hilera de ladrillos para sepultarlo vivo.

En una de las imágenes que publicó Nuestro Diario se ve cómo un bombero desciende por un agujero hacia la cueva donde tenían escondidas a las mujeres. En la foto de Prensa Libre se puede apreciar la celda desde arriba. Tres mujeres se arremolinan en una esquina. De un boquete a ras del piso, como si fuera un ratón, emerge la cabeza de una de ellas. Otra esconde el rostro contra un armario, mientras la única prisionera que se muestra de frente, una mujer madura, maquillada y vestida con una minifalda de lamé dorado, recuesta la cabeza contra la pared.

Quién sabe cuántas horas habrán pasado ahí esas mujeres, en un agujero sin luz ni ventilación, esperando que alguien las sacara a rastras para llevarlas a desnudarse en pistas iluminadas con luces de neón o habitaciones siniestras.

El descubrimiento de esa guarida de traficantes de esclavas debería elevar nuestros niveles de indignación. ¿Qué clase de monstruos son capaces de hacer negocio torturando mujeres?

Para conocer un poco más del caso, contacté a un fiscal especializado en estos temas, quien me contó otra historia de terror. Hace un par de años, las autoridades allanaron un bar que se encuentra en la misma zona, en jurisdicción de la misma comisaría, donde encontraron a una jovencita nicaragüense de 17 años, a quien tenían prostituida desde los 15. En ese entonces la solución que ofrecía la ley era la deportación y así procedieron con la chica.

De nada sirvió, pues los criminales la volvieron a atrapar en la frontera y la regresaron al mismo antro. La joven logró escapar por segunda vez y acudió a la Policía a denunciar a los tratantes. Los capturaron y el caso se abrió a juicio pero los jueces rechazaron la declaración anticipada de la joven. Como la chica no se encontraba loca ni histérica, consideraron que no había daño digno de castigo.

El caso de las mujeres rescatadas del sótano va por el mismo camino. Cuando leí en el Diario que los detenidos habían quedado libres, a pesar de que el propio ministro estuvo presente en el operativo, no podía creerlo. En vez de clausurar para siempre estos lugares, el sistema de justicia condena a las víctimas a volver al mismo agujero, a podrirse en ese infierno anticipado.

Pensé entonces en la mujer recostada en la pared, con su vestido de lamé y sus ojos cansados. Como el Fortunato de Poe en las últimas líneas del cuento, ya no agita las cadenas y espera en silencio. Sabe que sin importar lo que haga, van a enterrarla viva en una cripta llena de huesos.

Esa suerte se le acabó la semana pasada, cuando el alcalde de la Antigua perdió los estribos y en un arrebato de prepotencia, agredió, con apoyo de sus guardaespaldas, al periodista Julio Sicán, director de una publicación local titulada Proceso, que en sus primeros dos números le ha hecho las cuentas de su salario y ha ventilado anomalías en los negocios ediles.

El público que consume noticias en Guatemala tiende a admirar el estilo combativo de algunos de los periodistas capitalinos y pone en el pedestal de los valientes a quienes más critican y vociferan. Las luces y los aplausos nunca son para los periodistas departamentales, que hacen su trabajo en circunstancias muy adversas y vulnerables.

Una cosa es trabajar en la capital, donde cualquier ataque se vuelve causa célebre, que hacerlo en un pueblo donde la presencia del Estado es débil y donde los caciques locales, que pueden estar relacionados o pertenecer a las mafias, gozan de un poder casi absoluto.

Los periodistas de provincia se encuentran a merced de alcaldes, diputados, gobernadores y narcotraficantes, que hacen y deshacen sin rendirle cuentas a nadie. Se requiere de mucho coraje para interferir con las decisiones de estos reyezuelos, sobre todo cuando han aprendido a ordeñar nuestro sistema clientelar y corrupto para perpetuarse en le poder, saltando de un partido al otro.

Yo hablé el sábado con el periodista Sicán para conocer su versión de los hechos y me sorprendió la precisión con la que este profesional, profesor de filosofía por la Universidad Rafael Landívar y licenciado en Teología por la Universidad Centroamericana de El Salvador, intentó describirlos.

Según Sicán, al término de una reunión de la Municipalidad donde estuvieron presentes diputados y miembros de sociedad civil, en cuenta el Conservador de la Antigua, una mujer se levantó y le preguntó al alcalde si había leído el último número de Proceso, el cual incluía un reportaje sobre la autorización de un condominio de más de 300 lotes que carece de estudio de impacto ambiental.

El alcalde respondió que él no leía “basura” y comenzó a despotricar en contra de la publicación y sus autores. Al verse aludido, el periodista encendió su grabadora. “¿Cuál basura, por qué le parece a usted basura”?, inquirió. Ahí se armó la de Dios es Cristo.

El alcalde Vivar intentó abofetear a Sicán y luego comenzó a empujarlo contra la pared, a darle codazos y arrinconarlo para quitarle la cámara y la grabadora. Ante el forcejeo, intervinieron los guardaespaldas y un periodista afín a la Municipalidad, quienes pusieron su cuota de gritos, insultos y codazos, exigiéndole al periodista que
presentara las pruebas de su denuncia al Ministerio Público.

Al fin Sicán pudo salir del salón y efectivamente se dirigió a la Fiscalía, pero para denunciar la agresión de la que fue víctima. Es de esperar que el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos le den seguimiento a este incidente y que se deduzcan las responsabilidades, pues no se puede permitir que un funcionario se lleve entre los pies la libertad de expresión y el derecho de los guatemaltecos a estar informados.

Además, sería conveniente que la prensa capitalina indagara en los asuntos de la Municipalidad de Antigua, que tanto dinero recibe. ¿Por qué se desató la ira del Alcalde? ¿Tendrá el alcalde Vivar más esqueletos en el armario?

Después de unos días de ensueño frente al mar Caribe, codeándose con la crema y nata de la política hemisférica, al presidente Pérez Molina le toca regresar al fango de los asuntos locales.

El patio empieza a agitarse y la miel de los primeros 100 días se agota. Ya se nos pasó la impresión de que el gabinete se reúna los domingos y ya aplaudimos que ¡al fin! alguien se haya atrevido a plantarse frente a los gringos. Ahora toca poner los pies sobre la tierra y empezar a resolver.

El tema fiscal debería encabezar las prioridades gubernamentales. Los Patriotas lograron lo que la UNE sólo soñó: aprobar una reforma mediante la cual se supone que el gobierno incrementará los ingresos. En los últimos días he escuchado a varios expertos en el tema tributario quienes aseguran que aplicar la normativa implicará una tarea titánica de parte de la SAT. Las modificaciones a la ley están plagadas de ambigüedades que plantearán un sinnúmero de problemas de interpretación.

El presidente designó al economista Miguel Gutiérrez para encabezar ese esfuerzo. Si Pérez Molina realmente quiere que él se haga cargo de la SAT, tendrá que acompañar el nombramiento de un auténtico respaldo político. Algunas decisiones se pueden discutir con el Ejecutivo, pero sobre bases técnicas. No es posible, por ejemplo, que al Superintendente le impongan nombramientos antojadizos en posiciones cruciales, como la intendencia de Aduanas.

La forma en que el presidente decida marcar la cancha en este asunto sentará precedentes importantes en cuanto al ejercicio del poder en el Ejecutivo y se convertirá, para bien o para mal, en una referencias para el público, los funcionarios y los candidatos a ocupar posiciones de alta responsabilidad.

La adjudicación de los primeros grandes contratos que otorgará el gobierno, como la compra de fertilizantes, también sentará el tono de muchas percepciones en torno a la nueva gestión. La excusa de la prisa, esgrimida al respecto de los contratos de medicinas, no puede salir a brillar una y otra vez. Ahora los Patriotas tienen dos caminos: pueden transparentar de manera tangible los procesos o darnos más de los mismo. Si se siguen repartiendo el dinero de los contribuyentes de manera grotesca, vamos mal.

En las primeras semanas, la prensa ha reseñado con benevolencia el trabajo del ministerio de gobernación, pero dentro de poco habrá que ver más allá de las capturas y los operativos para enfocarse en la marcha de los procesos (la reforma policial), la evolución de los indicadores (la tendencia de las muertes violentas) y el cumplimiento de las promesas de campaña (incrementar el número de policías). Mientras sigan ocurriendo tragedias como la del lunes, cuando balearon en la zona 10 a una secretaria por quitarle el celular, la percepción será adversa.

A eso debemos agregar el manejo de los temas que provocan gran conflictividad, como las demandas campesinas, la industria extractiva y las hidroeléctricas, la crisis de algunos ministerios, para empezar el de Salud, y el intríngulis del Congreso. ¿En sus marcas?

No quiero usar este espacio para seguir criticando a un muchacho cuya imprudencia ha sido castigada ya con severidad. Por el contrario, me gustaría motivar una reflexión acerca del uso que le damos a las redes sociales y el alcance que éstas tienen en nuestras vidas.

Los padres de adolescentes somos buenos para alertar a los jóvenes acerca de los peligros de Facebook . Todos nos hemos subido al púlpito para evangelizarlos: no te hagas “amigo” de personas desconocidas, no reveles información que pueda comprometer tu seguridad, no acoses a otros (también existe el “bullying” digital).

Lo malo es que los adultos somos mejores para poner reglas que para seguirlas. Entendemos que un niño puede meterse en problemas si de pronto le revela al mundo que está solo en casa, pero pasamos por alto que puede ser mala idea ventilar por internet asuntos laborales.

Es posible que ignoremos que toda computadora tiene una función llamada “captura de pantalla”, capaz de inmortalizar nuestras palabras. Pero me temo que el problema va más allá de la ignorancia tecnológica: tendemos a lanzar mensajes a la red como si lo estuviéramos haciendo en un agujero negro donde nadie nos va a escuchar, o nos ponemos a conversar en línea con un puñado de personas como si nadie más estuviera alrededor.

Se nos olvida que incluso si tenemos pocas personas en nuestro círculo de Facebook o Twitter, éstas a su vez pertenecen a otras redes desde las cuales casi cualquier persona puede tener acceso a nuestra información y hacer mal uso de ella. Además tendemos a hacer comentarios que en el momento nos parecen inocentes o cándidos, sin imaginar que éstos pueden llegar a los oídos menos indicados o que pueden ser malinterpretados.

Lo que le pasó al joven fotógrafo del presidente le ha ocurrido a periodistas veteranos. La editora de CNN Octavia Nasr, quien cubrió los conflictos de medio Oriente por dos décadas, fue despedida luego de colocar este mensaje en Twitter: “Estoy triste por la muerte de Sayed Muhammad Hussein Fadlallah, uno de los gigantes de Hezbolá que respeto mucho”. A pesar de que la periodista se disculpó, el daño estaba hecho: CNN consideró que su credibilidad estaba comprometida.

Los políticos tampoco se han librado de meter la pata. Un congresista de Nueva York, Anthony Weiner, pasará a la historia de las redes sociales por haber tenido la infausta ocurrencia de fotografiarse los calzoncillos, encumbrados de entusiasmo, para enviar la imagen a una joven amiga, estudiante de periodismo.

Ante un ejemplo de insensatez tan sublime como éste último, podemos sonreír y pensar que nosotros jamás haríamos algo tan idiota. Sin embargo, no hace falta volarse la barda para meterse en un lío de película. Una queja puede envenenar nuestra relación con un colega, de la misma manera que una foto puede liquidar un matrimonio.

Las redes sociales han invadido nuestra vida y se han convertido en herramientas poderosas de comunicación. Sólo Facebook cuenta con una comunidad de más de 800 millones de usuarios y si se mantiene la tendencia, cada vez habrá menos personas que decidan vivir al margen de esa comunidad.

Para aprovechar las ventajas que ofrecen las redes sociales, debemos presumir que son una vitrina donde todo aquello que colocamos –o que colocan de nosotros– es de dominio público. Es deseable que las organizaciones elaboren políticas de uso para sus empleados y que nosotros usemos el sentido común para decidir hasta dónde conviene desnudarnos en medio de la plaza virtual.

Transcribo casi textualmente la conversación con el ministro, para que ustedes juzguen por sí mismos.

Para comenzar el jefe de la cartera de gobernación quiere poner en contexto las declaraciones reproducidas por elPeriódico al respecto de este tema. “Yo dije que el proceso es medio traumático porque resulta que sólo cuando estábamos en el proceso de transición con mi antecesor, Carlos Menocal, y hablamos del tema del armamento, recibí 15 mensajes de diferentes empresas poniéndose a la orden para efectuar el negocio. Luego se impugnan entre todos porque sólo una empresa es la que sale beneficiada”.

El ministro dice que para evitar estos problemas, la negociación debe fundamentarse en los siguientes principios: la homologación u homogenización de las armas, además del mantenimiento y soporte a recibir. “La mejor práctica es que haya un solo tipo de armamento previamente calificado”, asegura. “Eso garantiza el mantenimiento y la disponibilidad de los repuestos”.

En la actualidad, el Ejército de Guatemala todavía usa los fusiles Galil, de fabricación israelí, que adquirió en la década de 1970. También cuenta con algunos M-16 comprados directamente al fabricante, pero estas armas no han sido las mejores pues cuando se arruina una parte, se pierde el arma completa, no se puede reparar.

Según el ministro López Bonilla, las diferencias que hoy existen en tecnología entre las diferentes marcas de armamento no son trascendentales. Lo que se busca son armas resistentes porque Guatemala no puede darse el lujo de renovar su armamento cada cinco años. El ciclo debe durar al menos una década.

¿Qué se necesita para proceder?
Evaluar técnicamente las armas y contar con el respaldo de una industria nacional. Varios países cuentan con ello, como Brasil, España, Bélgica, Alemania. Los países europeos, en particular, tienen industrias que han operado durante más de 100 años y son confiables.

“Detrás de la compra, debe haber el respaldo de un gobierno”, afirma el ministro. “La mejor negociación para el Estado de Guatemala implica eliminar a los intermediarios, porque ahí es donde están las comisiones. Debemos buscar una negociación de Estado a Estado.”

¿Con qué criterios se elegiría a la contraparte?
El ministro afirma que primero deben definirse los requerimientos técnicos del tipo de arma, luego el tipo de soporte requerido y el tipo y constancia de mantenimiento. Como tercer punto, la cooperación binacional y por último, el financiamiento más ventajoso de la adquisición.

El ministro propone que se forme con comisión técnica integrada por expertos de la policía y el Ejército, con observación de sociedad civil. La idea sería comprar en una primera etapa cerca de 5000 pistolas de calibre 9mm y subametralladoras. No se requiere de armas de asalto porque la tarea de la policía es básicamente preventiva no letal.

El ministro insiste en que la compra debe llevarse a cabo con rapidez pues planean incorporar a 10,000 policías para cumplir con los ofrecimientos de campaña y actualmente ya existe un déficit de 2,000 armas. De hecho, ahora los policías se pasan uno al otro las armas cuando cambian turno, lo cual no es una buena práctica porque cada agente debe ser el responsable exclusivo de su arma.

Para concluir, el ministro afirma que su propuesta pretende evitar recovecos y opacidad en el proceso, pero que si no es aceptada, se procederá por la ruta tradicional, aunque ello seguramente implicará mayor tiempo.