Dina Fernández

El caso Rivera

Dina Fernández — Fri, 30 Jul 2010 20:27:04 +0000

Narco novelistas en ciernes, afinen el lápiz, porque el guión del cartel de los sapos, versión Guatemala, se pone interesante.
Antes de dejar definitivamente el cargo, el jefe de la Cicig, Carlos Castresana, sacó el retroproyector e hizo una última presentación que dejó a la audiencia pasmada.
Se trata de los avances en el caso de Víctor Rivera, el asesor de seguridad que trabajó con el gobierno desde tiempos de Alvaro Arzú. Según esta investigación, el crimen fue ordenado por un capo del narcotráfico que está preso en Estados Unidos, y facilitado por la colaboradora de muchos años y pareja sentimental de Rivera, María del Rosario Melgar, más conocida en el medio como “Mari Ro”.
El asombro que provocan estos hallazgos es mayúsculo. En primer lugar, porque catapultan a las primeras planas a un criminal de altos vuelos, Jorge Mario “El Gordo” Paredes, pero sobre todo, porque la posible traición de “Mari Ro” plantea preguntas que le hacen cosquillas a nuestra imaginación ávida de telenovelas. ¿Vender al hombre a quien había dedicado más de 10 años, a quien en público rendía verdadera devoción? ¿Por qué? ¿Lo odiaba en secreto o la obligó una fuerza mayor que sí misma, esa que dice que amor o amistad, sólo entre “el ratón y el queso”? ¿Cómo abrió Melgar una cuenta de ese calibre en Bahamas? ¿Tiene otras? ¿Hay forma de rastrear el dinero que ahí depositó?
Tal parece que nuestra curiosidad no podrá ser saciada en lo inmediato pues el caso ha vuelto a quedar bajo reserva. Sin embargo, la cantidad de preguntas que falta por responder hace dudar si la presentación de esta conferencia no fue precipitada.
El tiempo dirá qué más averiguan los investigadores: si se ubica a la tal “Mari Ro” para que dé explicaciones y si existen más datos duros que vinculen a los sicarios con “El Gordo”, aparte de su propia confesión.
En lo particular, a mí me gustaría que el juicio aclare varios puntos. Para comenzar, me pregunto por qué le pagaron los narcos a la señora Melgar por información, cuando Rivera se encontraba en un momento muy vulnerable, luego de la cancelación de su contrato con el gobierno.
Además, según quienes le conocían bien, Rivera desde tiempo atrás no utilizaba un gran aparato de seguridad. ¿Era esa su estrategia de sigilo? ¿Podía hacerse humo sin dejar rastro, al grado de que la información obtenida a través de Melgar tuviera un costo tan alto?
Por otra parte, la hipótesis que se mencionó con énfasis acerca del móvil del crimen –un rencor relacionado con el secuestro de un hijo de Paredes— también llama la atención. Recuerdo que días después del asesinato, una persona cercana a Rivera me mencionó detalles desagradables que se dieron en el contexto de los funerales de Rivera, los cuales se encontraban relacionados con “la Tarántula”, Ana Sylvia Obregón, la secuestradora del hijo de “El Gordo” Paredes.
Queda claro que los investigadores no han reunido aún toda la información o no la han proporcionado al público todavía.
En lo particular, sería importante conocer qué resultados podría arrojar un estudio financiero de las cuentas de Melgar y Rivera, pues el camino del dinero es siempre revelador. Muchas familias en Guatemala tienen un cariño enorme por la memoria del asesor venezolano y le profesan un agradecimiento eterno. ¿Quién no, si les rescató a un hijo, un esposo, una madre?
Es justo reconocer que Rivera le hizo mucho bien a mucha gente. Pero el interés mayor aquí es el de la justicia y hay que buscar la verdad.
Quién sabe por qué razón el ex fiscal Alvaro Mathus tuvo consideraciones especiales con “Mari Ro” y permitió que saliera del país sin prestar declaración y sin una sola garantía de que seguiría colaborando con el Ministerio Público.
Esto es especialmente grave porque la hija del señor Rivera, quien vivía con la pareja, insistió desde el principio en señalar a Melgar como sospechosa.
Muchas hipótesis también son posibles, como por ejemplo, que “El Gordo” Paredes haya creído que Rivera estaba colaborando con las autoridades norteamericanos para su arresto, que haya tenido con él otro problema o de hecho…que los sicarios quieran encasquetarle este crimen –ordenado por otros—porque les conviene.
Queda esperar que se sepa la verdad y se haga justicia.

Leyes opcionales

Dina Fernández — Tue, 27 Jul 2010 19:16:23 +0000

Aquí les va una idea: ¿por qué no convocamos a una “manifestación masiva”, de esas que la gente cree que resolverán las cosas, y proclamamos nuestro sagrado derecho a hacer lo que nos da la gana?
En el país de Tito Monterroso, ¿qué tal nos quedaría una Constitución de una sola línea: “cada quien haga como más le plazca”?
¿Empezamos la revuelta? Yo les aseguro que encontramos un abogado que redacte la proclama. Y si hay gente que se pone remolona y nos dice que estamos locos, fácil: les juramos por nuestra santa madrecita que con esa reforma se elimina el Congreso y se impone la pena de muerte. ¡Ya verán ustedes la de talonarios que llenamos!
Puede que lo anterior les parezca cínico, pero obligado es reconocer que este ejercicio de sarcasmo no hace más que poner en evidencia algo que sabemos de sobra: en Guatemala cada quien procede como mejor le parece, especialmente si se encuentra en una posición que le permite abusar.
A cada paso que damos, nos queda claro que en nuestro país la ley se ha convertido en una ficción retórica, un invento que se puede invocar simbólicamente, pero que ni es general, ni es taxativa, ni vale para todos, especialmente no para mí, muchas gracias, porque ¡fíjese! resulta que no siempre se aplica. Más bien, casi nunca.
Los Códigos sirven para generar procesos laberínticos que le permiten a algunos abogados hacer fortuna, pero hasta ahí: fuera de eso, no se llevan a la práctica para que tengan relación con la justicia, el derecho, los contratos o la vida de las personas.
La última evidencia de esa situación la podemos encontrar en el problema de la Laguna del Tigre y la renovación del contrato petrolero a Perenco, una compañía francesa.
La cadena de ambigüedades que contiene nuestro corpus de leyes para encontrar recursos con los cuales respaldar a Dios y al diablo al mismo tiempo puede servir para un relato kafkiano o para una serie cómica.
La Constitución dice que hay que proteger el ambiente y que hay que explotar el petróleo. Resultado: ni protegemos el ambiente ni explotamos el petróleo (como lo hacen con grandes réditos países civilizados como Noruega y Estados Unidos, países en vías de salir de la pobreza, como Brasil).
Tenemos una ley de áreas protegidas que declara intocables algunos territorios por su riqueza biológica, pero quién sabe por qué misterio insondable (pero mayor de seis cifras) en la Laguna del Tigre se han aprobado licencias de explotación petrolera y asentamientos humanos.
Hay que añadir que en el reino nuestro del caos y la impunidad, las compañías petroleras que se asoman a pedir licencias en Guatemala no son precisamente las más prestigiadas a nivel mundial. Incluso éstas pueden generar desastres como el del Golfo de México, pero al menos hay cómo colgarlas de una picota a la hora de un problema.
Lamentablemente, por esa maña nuestra de apostar por la opacidad y la marrullería, las compañías que atraemos son de tercera y cuarta liga, de esas que no les da asco nada y le hubieran parecido una excelente oportunidad de empleo a esos grandes impulsores de la civilización, traficantes de marfil o manos de gorila, que Conrad retrató magistralmente en “Corazón de Tinieblas”.
Igual pasa con varias de las comunidades a las cuales se les otorga derecho de plaza en áreas protegidas: no son precisamente monjes Jara Krishnas dedicados a la meditación, sino muchas veces, grupos vinculados a las mafias.
Guatemala tiene el derecho y la obligación de definir cómo ha de promover el uso sostenible y racional de sus recursos naturales, entre los cuales están los hidrocarburos, los minerales y los ríos. Sin embargo, para hacerlo tiene que contar con un marco jurídico coherente, que sí se aplique y sí se respete.
Ahora, si persistimos en la insensatez de querer hacer cada uno lo que se nos da la gana, sólo seguiremos añadiendo nuevas piezas a nuestra colección de contradicciones.
En lo inmediato, eso sólo le conviene al crimen organizado, pero a la postre, no es opción de largo plazo ni para ellos, porque hasta la mafia requiere de orden para la legitimación de capitales.

Ambiente de hipódromo

Dina Fernández — Mon, 26 Jul 2010 05:11:50 +0000

Es ya un lugar común decir que en Guatemala la actividad política se limita a las elecciones y que éstas se parecen más a una carrera de caballos que a una exposición seria de propuestas para desarrollar al país.
De tanto insistir en ello, uno esperaría que los líderes políticos empezaran a mostrar algo de interés en marcar distancia entre ellos y los equinos. Desafortunadamente, no hemos logrado que se reivindiquen como el “animal político” aristotlélico y menos aún como hominidos merecedores del calificativo de “sapiens”.
Esto se hace más evidente cuando se acerca una campaña presidencial. Como ya reina ambiente de hipódromo, las monturas empiezan a relinchar.
La prueba es que teníamos años de no mencionar la pena de muerte y ahora, de pronto, los señores precandidatos invaden los medios para exigir una peregrinación hacia la cámara de la inyección letal. ¡Qué derroche de oportunismo!
Para comenzar, desde que el Congreso decidió exonerar al Presidente de la República de resolver el último recurso en estos casos –la potestad del indulto—sin haber trasladado esta responsabilidad a otro organismo, la pena de muerte no se puede aplicar en el país.
A raíz de ello tenemos un enredo legal que si bien eximió al mandatario de decidir sobre la vida de las personas, como si se tratara de un monarca absoluto, dejó en el limbo a varios condenados para quienes ahora no hay salida jurídica, pues no se les ha impuesto pena de prisión, pero tampoco se les puede enviar al patíbulo.
Hacer caso omiso de esa situación evidencia la irresponsabilidad de dirigentes políticos, que por complacer al electorado, sacan del baúl de los recuerdos una medida que por el momento es inaplicable. Si los señores candidatos creen que el asunto de la pena de muerte es más importante que todas las leyes de seguridad que tienen engavetadas, mejor que convoquen a sus asesores y deshagan el entuerto.
De lo contrario, sólo están azuzando a una sociedad desesperada, con lo cual lo único que se logrará es postrar a las instituciones y generar niveles aún mayores de frustración.
Asombra e indigna la actitud adoptada por estos líderes políticos, más interesados en adoptar una pose ante la sociedad que en abordar los temas de fondo y tomar decisiones que sí están en sus manos, como la discusión y aprobación de las leyes de seguridad.
Está demostrado que la pena de muerte no es un disuasivo real para la delincuencia. Lo que en realidad hace titubear a los criminales es la certeza del castigo: el saber que si alguien viola la ley, se investigará el hecho, se encontrará al responsable y se le someterá a los tribunales, donde será juzgado con imparcial severidad y en caso de ser hallado culpable, será condenado a cumplir condena en un centro de detención que ni es turicentro ni beca para criminales.
Desde luego, impulsar un combate integral contra la impunidad es mucho más difícil que pararse ante una cámara y decir ‘matemos a los delincuentes’.
No van por ahí las soluciones de largo plazo que necesitamos. ¿Por qué no vemos a los dirigentes políticos abogar por la reforma institucional de la policía, la independencia judicial o a la construcción de una cárcel de máxima seguridad que realmente aisle a los delincuentes peligrosos?
En vísperas de elecciones lo que necesitamos son propuestas serias, no alharacas inaplicables que para más INRI, tampoco resuelven. Ya estamos hasta la coronilla de estribillos para vender jabón, queremos verlos volcados sobre los problemas con un enfoque integral.
En efecto, incluso si se hiciera realidad la fantasía nazi de emprender una campaña de exterminio de pandilleros, no serviría de nada en las condiciones actuales, pues me atrevería a afirmar que por cada marero muerto surgirían diez o veinte más.
Colombia ha demostrado que la solución a largo plazo de la criminalidad pasa por fortalecer a las instituciones encargadas de velar por el orden y la seguridad, pero también por prestarle atención a las comunidades, impulsando programas de inversión social que se traducen en apoyo a las familias: a las mujeres, a los niños y a los jóvenes.
Lástima que nuestros líderes prefieran dedicarse a relinchar.

Como la mafia

Dina Fernández — Sat, 17 Jul 2010 02:43:58 +0000

Las extorsiones telefónicas en Guatemala se han vuelto como la gripe: le dan a todo el mundo.
Dos de cada tres personas con las que hablo me cuentan de un nuevo brote. En los últimos días, han extorsionada a la nana de mi familia, a una prima, a una amiga, a una compañera de trabajo y a una lectora. Resulta obvio que los criminales están fuera de control y la sociedad, a su merced.
Voy a obviar el tema del fracaso de la policía en este asunto porque ya está muy trillado: de sobra sabemos que no han sido eficaces. El día de hoy quiero llamar la atención sobre otros actores igualmente importantes: las compañías telefónicas, que en vez de sumarse a los esfuerzos por combatir a las mafias, han encontrado la manera de lucrar a través de ellas.
Esto es censurable y debe ser corregido a la brevedad.
Me explico. Cuando una persona recibe una llamada extorsiva, lo primero que se le recomienda es no contestar más el aparato y cancelar su número.
Si la llamada criminal se ha recibido en una línea fija, lo más seguro es que los delincuentes hayan sacado los datos del directorio que es la herramienta habitual de los “call centers” de presos y pandilleros.
Para evitarse problemas a futuro, el usuario debe solicitar que su número se mantenga privado y que no sea publicado en las páginas blancas.
Dicha solicitud debería ser atendida de inmediato, sin hacer preguntas y sobre todo, gratis, porque la decencia, el sentido común y la ley de acceso a la información mandan que sea potestad del usuario decidir si su teléfono puede publicarse o no.
Eso es lo que debería suceder. Pero como estamos en el “mundo del revés” como dice el poema infantil, lo que sucede es esto:
Llega el cliente a la compañía telefónica, ansioso y atemorizado, cancela su actual número, le asignan uno nuevo y le dicen que para mantenerlo privado debe pagar la módica suma de Q5.00 al mes. Sólo mediante este pago mensual le garantizan que no revelarán sus datos a nadie. El cliente se queda mudo de asombro, luego quizá protesta, pero por temor a los delincuentes, acaba agachando la cabeza y paga.
Lo más grave es que se retira de la agencia pensando que resolvió su problema y no es así. Según me aseguran, al menos Telgua no tiene ningún contrato con las guías telefónicas. Ello significa que los directorios compran bases de datos de otra fuente. Ergo, el usuario que le paga Q5.00 al mes a la compañía de teléfono por reservar su número, lo único que consigue es evitar que ésta lo proporcione en su propio servicio informativo.
Yo de hecho no sabía que se podía llamar a las líneas de información para solicitar números de personas particulares. ¡Ni en sueños se me había ocurrido que podrían cometer la grosería de divulgarlos a cualquiera!
Craso error: los contratos de servicio incluyen una cláusula donde uno autoriza a los operadores a “compartir” la información con quien ellos gusten. Esto también es un abuso al usuario y debería motivar una revisión de términos contractuales.
Entre tanto, me pregunto a cuántas personas estarán cobrándole las telefónicas una cuota mensual de “protección”, como si fueran mareros de saco y corbata. Quién sabe, pero han de contarse por decenas de miles. No entiendo cómo la Diaco no ha intervenido ya para prohibir esta barbaridad.
No existe razón legítima para que se cobre a los usuarios de teléfono por reservar datos personales y privados. En el país hay registros públicos y se entiende la utilidad de que esa información esté disponible. Pero ese no es el caso del número de teléfono. Esa información le pertenece a cada quien y debería ser mi derecho, libre y soberano, decidir a quién se la doy.
Las autoridades se quejan constantemente de la poca colaboración de las telefónicas para combatir a las mafias. De nada sirve que estas empresas paguen millonarias campañas de publicidad con numeritos de baile y canciones pegajosas, si la voracidad por llenarse de fichas les impide dar el mínimo paso para colaborar con la seguridad ciudadana. Lejos de ello, lo que hacen ahora es actuar como socios de los delincuentes, accidentales quizá, pero igual de chupasangre. Es hora que se enmienden.

Pasiones contradictorias

Dina Fernández — Tue, 13 Jul 2010 19:45:06 +0000

El domingo a medio día, pocos minutos antes de que empezara la final de la Copa del Mundo, las camisetas pirata de la selección española se vendían en la calle a Q200, el doble del precio normal.
El Centro Español era una feria, invadido por una marea roja. En casa de una amiga, se celebraba con sangría y crema catalana, porque la victoria había que agradecerla al Barça.
En mi casa no comimos tortilla de papa ni jamón serrano, pero las simpatías replicaban las de la generalidad: con dos notables excepciones –mi esposo y el novio de mi hermana, admiradores de la selección holandesa– todos los demás le íbamos a la Roja.
Me imagino que los españoles que llevan aquí poco tiempo –y no acaban de entender el amasijo de contradicciones que somos los guatemaltecos—se habrán rascado la cabeza.
En calidad de antigua colonia, nuestra relación con España está cuajada de arranques irracionales. Por un lado, nos encanta quejarnos del legado hispánico: que si nos mandaron a la escoria de la sociedad, que si sólo venían a hacer fortuna y largarse, no a echar raíces como los esforzados puritanos del norte, que si eran pícaros y explotadores, presumidos y racistas, que si nos dejaron instituciones fallidas y esa vena autoritaria que no se nos quita ni a trancas.
Llevamos casi dos siglos de historia independiente, pero seguimos echando rayos por los 500 años de dominación española como si todavía cargáramos a los peninsulares en la espalda.
Poco importa que India, por ejemplo, cuente poco más de 50 años de haberse desembarazado del yugo colonial y ya esté en buen camino para erradicar la pobreza: la culpa de todos los males de Guatemala la tienen los españoles –o los gringos—nunca nosotros.
A pesar de que la cooperación española ha sido cuantiosa y constante desde hace años, los diplomáticos de ese país reciben todo el tiempo andanadas de reclamos históricos. Quien más vituperios ha encajado es el jefe de la Cicig, Carlos Castesana, a quien le llovieron críticas por su nacionalidad, su forma de hablar y ese estilo directo que no cala bien en estas latitudes donde se habla quedito y en diminutivo.
Lo insólito es que a pesar de tanto lamento, también reivindicamos la herencia ibérica. Lo hacemos cuando nos conviene, por darnos ínfulas de criollos—quién entiende tanta ridiculez– y a veces, sin darnos cuenta.
La arquitectura colonial o “antigüeña”, que tanto gusta, tiene su origen en España, así como las sillas de espaldares altos y madera oscura que nos hacen sentir importantes. Los nombres de los protagonistas del Mío Cid , Rodrigo y Ximena, siguen siendo populares y me da la impresión que las Fátimas ya superan a las Guadalupes.
Las niñas bien van a la academia de baile español y los católicos más devotos cargan en las procesiones de Semana Santa y se visten de cucuruchos. La tradición manda comer bacalao en Viernes Santo, torrejas en octubre y paella en las fiestas donde queremos que la comida abunde.
Ahora bien, ninguno de todos estos rasgos culturales heredados de España, ni siquiera los dulces típicos de Doña María Gordillo, tiene el arrastre del fútbol. Dada la mediocridad que derrochan los equipos locales, los guatemaltecos podrían decantarse porque cualquier liga extranjera, pero la que convoca multitudes es la española.
Esa pasión por el Real Madrid y el Barcelona no se circunscribe a la elite: en vísperas de un clásico español, las alineaciones se discuten también entre los puestos de los mercados.
Esa simpatía fue la que se volcó el domingo sobre la Roja.
Las pasiones no suelen invitar a la reflexión, pero en esta oportunidad sería bueno que nos detuviéramos un momento a pensar en lo que ello significa.
Ya va siendo hora que los guatemaltecos asumamos la responsabilidad de nuestro destino, en vez de quejarnos de nuestros males históricos, desde la Conquista hasta la guerra fría.
Y ahora que es campeona del mundo, quizá nos animemos a ver que en la España moderna hay mucho que admirar, y que aprender, aparte de la magia del fútbol a la Cruyff: desde sus consensos políticos, con su régimen de autonomías y su asombroso despegue económico (hoy empañado por la crisis, pero no por ello menos notable) hasta su tradición intelectual y la vitalidad de su arte.

Reforma policial

Dina Fernández — Tue, 13 Jul 2010 19:42:40 +0000

Un tema que nos debería convocar y unir a todos los guatemaltecos es la reforma policial emprendida por Helen Mack.
Hay quienes dirán que a estas alturas del período de gobierno es ya tarde para iniciar un proceso tan complejo como ese y que por lo tanto, no queda tiempo para realizar cambios sustantivos antes de que las elecciones, y un eventual relevo en el poder, interrumpan cualquier decisión.
Esa es la lógica usual de la gestión pública en Guatemala, lógica que a todas luces nos ha conducido al más rotundo de los fracasos. Nunca vamos a avanzar si pretendemos reinventar la rueda cada cuatro año y si seguimos careciendo de cuadros técnicos que puedan asumir la conducción del gobierno y le den estabilidad a largo plazo.
La reforma de la Policía Nacional fue acordada en los Acuerdos de Paz. Estaba claro que la institución estaba militarizada, carcomida por la corrupción e infiltrada por las organizaciones criminales. Sabíamos que carecía de oficiales debidamente capacitados, que no contaba con la estructura ni los incentivos para atraer talento y ofrecer una carrera institucional estable.
A pesar de las dificultades que supuso el “reciclaje “ de su personal, el proceso inició con augurios relativamente optimistas. Desafortunadamente, cuando llegó al poder el FRG los primeros esfuerzos de reforma se vinieron al traste y la institución fue invadida por agentes de las mafias. Luego, en la administración de Oscar Berger, la Policía cayó en manos equivocadas. Una mezcla de omisiones garrafales, sumadas a la política errónea de “limpiar” las calles al estilo Chupina acabó agravando la situación.
La inestabilidad extrema que ha sufrido todo el sector de seguridad bajo el gobierno de Alvaro Colom ha sido letal para el conjunto de instituciones que trabajan bajo la sombrilla del Ministerio de Gobernación, pero especialmente para la Policía y Presidios.
No es de extrañar entonces que en estos últimos meses hayamos alcanzado niveles delirantes de violencia e impunidad, superiores incluso a los vividos en tiempos de la guerra. Así, en las últimas semanas, las bandas criminales han retado a las autoridades, y a la sociedad, de una forma salvaje y macabra.
Ojalá la colección de cabezas y de cuerpos desmembrados que han aparecido por toda nuestra ciudad nos obliguen a admitir que es tiempo de mostrar unidad, cuando menos en el frente del combate a la delincuencia.
Esa unidad debe provenir de toda la población que anhela vivir en paz y bajo el imperio de la ley. Resulta particularmente importante que encuentre una expresión coherente a nivel de elites: tanto las económicas, como las académicas o las políticas.
Con seis mil muertos al año, con el desarrollo inaceptable de las extorsiones, los secuestros y el sicariato, no podemos darnos el lujo de dar por perdidos los siguientes dieciocho meses, con la excusa de que ya vienen las elecciones y no hay proceso que aguante a estas alturas.
Que sea tarde no justifica que incrementemos aún más el retraso, pues cada día perdido implica demasiadas muertes que podrían evitarse. Los estratosféricos niveles de criminalidad y violencia deben forzar a las autoridades a actuar con voluntad a partir de hoy, a tomar las decisiones correctas ya, sin más dilación.
El esfuerzo por asumir, ¡al fin!, la reforma policial, debe ser multipartidista. Nadie ignora, por ejemplo, que la Academia de la Policía debe dar un salto enorme de calidad, para formar mejores agentes y sobre todo, a los futuros líderes de la institución.
Es sabido también que se requiere sentar las bases organizacionales para asentar una carrera judicial fundamentada en méritos profesionales e integridad, donde los incentivos y las sanciones se impongan con la mayor justicia posible.
Queremos policías que gocen del respeto y la confianza de la comunidad. Otros países lo han logrado y no sólo en Suiza o Escandinavia. Ahí tenemos, más cerca de nosotros, el ejemplo de Chile y Colombia. Ambos gobiernos, el primero a través de sus carabineros y el segundo a través de un nuevo asesor, el coronel Luis Alfonso Novoa, están colaborando con la actual reforma policial.
Bienvenido sea el conocimiento y el esfuerzo. Pero debemos asumir que no habrá cambio real a menos de que los guatemaltecos pongamos voluntad y madurez para empezar ¡pero ya!.

¡Lo dejan libre!

Dina Fernández — Fri, 09 Jul 2010 23:42:04 +0000

A nuestro país le urge que los jueces puedan gozar de independencia, pero algunos de ellos se esfuerzan en tomar decisiones tan ridículas que lo único que pueden generar en la sociedad es una ola de indignación (aparte de recordarnos ese olorcito a guayaba podrida que según García Márquez caracteriza al trópico macondesco).
Ese es el caso del juez Mario Efraín Najarro, quien autorizó que el asesor de seguridad del ex presidente Alfonso Portillo, Napoleón Rojas, se fuera a disfrutar de arresto domiciliario, en vez de ir a reunirse con sus compinches a la cárcel.
Para sustentar el fallo el juez utilizó argumentos que lo dejan a uno con la boca abierta. Entre ellos destacan detalles circunstanciales sacados del manual básico de la impunidad.
Por ejemplo, el juez adujo que la fiscalía especial de la Cicig no pudo acreditar que Napoleón Rojas trabajó para el ex presidente y formaba parte de su equipo. Pero ¿y dónde ha vivido este licenciado Najarro? ¿Dónde estuvo los cuatro años del gobierno del FRG? La relación entre Portillo y Rojas –o los hermanos Salán Sánchez– es un tema que se debatió, comentó, expulgó, por doquier…
Asuntos de conocimiento público tan amplio no necesitan ser demostrados, al menos no en esta etapa del proceso. ¿O acaso para aceptar su reciente traslado a la capital el juez exigió tener a la vista el acta de nombramiento del Presidente de la Corte debidamente rubricada? A ese paso, va a solicitar que se certifiquen las firmas del Acta de la Independencia antes de encabezar un escrito con la consabida fórmula, “en la República de Guatemala…”
A pesar de que filigranas procesales como esta denotan una clara vocación por hacerle fácil la vida al prominente asesor de Portillo, aceptemos que el licenciado Najarro es puntilloso, que acaba de venir de Huehuetenango y quiere apantallar como un tipo exigente.
Eso podría ser, pero un examen más cercano del fondo de la decisión no resiste al análisis. Y no hace falta tener un doctorado en ciencia jurídica para darse cuenta: la verdad es que hasta un niño de segundo grado podría advertir que la lógica del señor juez se cae de un soplido.
La razón de ser de la prisión preventiva consiste en evitar que un reo se fugue. Así, cuando un juzgador considera que alguien podría poner patitas en polvorosa en lugar de enfrentar estoicamente un proceso judicial, ordena recluir al sospechoso para asegurarse de que éste pueda ser llevado ante la justicia.
En algunos casos ese riesgo puede ser sujeto de discusión. Sin embargo, los antecedentes del señor Rojas no permiten siquiera levantar el tema. En el momento de su detención, en una casa de San Juan Sacatepéquez, el señor Rojas ya era un fugitivo.
En otras palabras, ya se le había acusado y tratado de apresar, y él ya se había hecho humo. Ergo, resulta más que previsible que contando con recursos y oportunidad, el señor Rojas intentará burlar de nuevo a la administración de justicia. Quizá el juez haya escuchado alguno de los abundantes dichos populares que retratan ese fenómeno: “gallina que come huevo”, “árbol que crece torcido”, “la que es vuelve” (con mini falda y diente de oro, como solía añadir el recordado maestro Quiroa)
Nuestras cárceles no son gran cosa, pero ofrecen un poco más de certeza que la cómoda residencia del señor Rojas y sería preferible que estuviera ahí, abrazado del Smiley, que en su cómoda residencia.
En resumidas cuentas, no hay justificación alguna para que este tipo, de quien se sospecha pertenencia al equipo de los chicos malos, pero malos de verdad, tenga el privilegio de chiflar en su casa mientras sus compañeros se pudren en el bote.
Lo mismo puede argumentarse de la fianza impuesta. Se trata de un desfalco de Q30 millones (y eso es sólo la puntita del iceberg) y lo dejan ir por Q600 mil. No vale la pena ni comentarlo.
Vaya forma de estrenarse del juez Najarro, a quien la Corte Suprema acaba de ascender, supuestamente con excelentes referencias. Sólo cabe preguntarse ¿quién les dio semejante “ayudita”? ¿Será que son compadres de los gallardos guaruras que se aparecieron custodiando al defenestrado fiscal general el mismo día de su nombramiento?

Hemorragia cerebral

Dina Fernández — Tue, 29 Jun 2010 19:03:19 +0000

El presidente Alvaro Colom ha perdido, en los últimos días, a algunos de sus cuadros más importantes, notablemente al encargado de las Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knight, y al de la cartera de Energía y Minas.
Ambos son despachos con responsabilidades estratégicas y especialmente sensibles en el contexto actual.
En el tema financiero, el país se encuentra muy golpeado aún por la Gran Recesión global y necesita de una conducción muy sólida para no desbaratar la estabilidad macroeconómica que se logró consolidar en los últimos veinte años.
Por otra parte, nadie ignora que los asuntos energéticos y las industrias extractivas constituyen el nuevo escenario de la conflictividad social más aguda. El gobierno necesita en esa cartera a una persona seria, que examine los asuntos sin fanatismo y sea capaz de tender puentes: de lo contrario, se pueden generar enfrentamientos muy dañinos para el país.
Al momento en que escribo estas líneas, aún no sabemos quién se encargará del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, para gran fortuna del presidente Alvaro Colom, el economista Edgar Balsells Conde dio un paso al frente y aceptó dirigir la cartera de Finanzas a pesar de las enormes dificultades que supone lidiar con un Ejecutivo reacio a la disciplina y un Congreso donde hay diputados insaciables, batallando por canalizar recursos hacia sus propios molinos, disfrazados de ONGs.
El licenciado Balsells Conde es visto como un buen técnico, con sólida trayectoria. Por el momento, ese prestigio ha salvado al gobierno del descalabro. Sin embargo, un nombre no basta para sustituir las columnas de un edificio que se desmorona. Hace falta más para aguantar el peso.
El problema del tesoro público en estos momentos no resulta tan difícil de entender. Tenemos por un lado, gastos que han crecido en los últimos años y por el otro, unos ingresos que no consiguen aumentar, ni de lejos, al mismo ritmo.
Las necesidades para las cuales el gobierno arguye necesitar la tarjeta de crédito son reales: nos hacen falta más y mejores policías, escuelas, hospitales y carreteras. Además, la Naturaleza nos pasó encima sin piedad, con una erupción volcánica y las primeras lluvias de la que se anuncia como una de las más intensas temporadas de huracanes registradas hasta hoy.
Las carencias exigen esfuerzo y sacrificio de parte de todos, en la tónica señalada desde hace una década por el Pacto Fiscal. En ese sentido, hay que enfatizar que para obtener mayores recursos se requiere también de muestras claras de que éstos van a ser ejecutados con calidad, con responsabilidad y con transparencia.
El ex ministro Fuentes Knight dio pasos importantes en esa dirección, al procurar que el Estado deje de hacer negocios con sociedades anónimas y en especial, con ONGs que sirven de burda fachada para el clientelismo más rastrero. También intentó incorporar a las municipalidades al SIAF.
Supongo que esas decisiones le granjearon muchos amigos en el Palacio Legislativo y en la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM.
Recuerdo que en un foro realizado en la Universidad Francisco Marroquín, el ministro Fuentes Knight advirtió que el presupuesto ya estaba desfinanciado y que de no lograrse elevar los ingresos, sería necesario contener el gasto.
Todos nos hemos visto obligados, en algún momento de la vida, a recortar algún presupuesto, ya sea el nuestro personal o el de alguna institución. La tarea no es fácil ni agradable, pero a veces resulta ineludible mientras se buscan nuevas oportunidades.
Existen varias estrategias para enfrentar los tiempos de “vacas flacas”, pero el denominador común en este tipo de situación es la necesidad de establecer prioridades.
La dificultad de decir “esto sí” y “esto no” (o al menos “esto ya no en las mismas cantidades”) se ha convertido en el cuco del actual gobierno, que soñó con administrar el cuerno de la abundancia y terminó arrinconado con las migajas de la escasez.
El nuevo ministro, Edgar Balsells, tendrá que lidiar ahora con las mismas actitudes que llevaron a la desesperación a Fuentes Knight. Dados los antecedentes, le deseamos suerte con el capote y el traje de luces: menudo toro el que le espera.

¿Dudas en Palacio?

Dina Fernández — Sun, 27 Jun 2010 16:40:58 +0000

Acabo de escuchar de buena fuente que la Primera Dama y su equipo cercano de colaboradores podrían estar considerando no lanzarse a la candidatura presidencial.
No, no estoy bromeando y sí, mi fuente es de primera.
Normalmente yo no opinaría sobre algo que me comentó una sola persona, pero me voy a aventurar porque llevamos varias semanas de una racha espantosa de malas noticias y algo debe haber que nos alegre un poco la existencia.
Y la posibilidad de que doña Sandra desista de su avanzada política en este momento sería una excelente noticia. En el contexto actual, las prominentes ambiciones de la esposa del Presidente constituyen un riesgo para la estabilidad política del país e incluso para la institucionalidad democrática que tanto ha costado construir.
Primero, porque siendo Primera Dama, la Constitución le prohíbe aspirar a la presidencia de la República. La Carta Magna es clara en este punto y para retorcer el texto hace falta echar mano de artilugios jurídicos tan alambicados que el ejercicio sólo acabaría demostrando con cinismo que en manos de los abogados, la ley es de plasticina.
A ello hay que agregar que después de las batallas descarnadas que se han librado por copar la Corte Suprema, la Defensoría Pública, la Fiscalía General y próximamente la Contraloría, someter al país a la madre de todas las ofensivas para apoderarse de la Corte de Constitucionalidad (y así asegurar la inscripción de la señora) podría tener consecuencias nefastas, más allá de lo que ahora imaginamos.
En resumidas cuentas, con Sandra de Colom como principal aspirante a obtener la candidatura del partido oficial, poco hace falta para escuchar tambores de guerra como preludio a las elecciones. En mi círculo de colegas y analistas políticos, todos sin excepción prevén una contienda sumamente polarizada y violenta, donde la sangre puede correr tanto en los escenarios locales, siempre convulsos, como a nivel nacional.
Decir que la temporada de elecciones va a ser violenta se ha convertido en una constante en nuestro país, pero en esta oportunidad los ánimos podrían exacerbarse de una forma especialmente aguda y eso se debe a la posible participación de la Primera Dama.
La “arañita” del presidente luce como temible tarántula a ojos de la cúpula empresarial del país y de amplios sectores de las capas medias y urbanas. Para la Guatemala conservadora que domina la política de la capital y de las principales ciudades, la señora se ha convertido en pesadilla recurrente, en la encarnación local del mandatario venezolano Hugo Chávez.
El presidente Alvaro Colom dice que la satanización que se ha hecho de su esposa se debe a que ella no tuvo cuna de encaje ni se baña en leche de burra, como otras Primeras Damas.
Algo de eso hay en la animadversión que despierta Sandra Torres, pues la pertenencia de clase es un factor vital en una sociedad como la guatemalteca, donde la movilidad ascendente no resulta maniobra sencilla. Pero la cosa tiene una tesitura más compleja. A la señora se le acusa de haber militado en la ORPA y sobre todo, corre con insistencia la historia de que participó en el secuestro de una venerable dama guatemalteca.
¿Es esto último una acusación seria o leyenda urbana? Yo no podría ser el juez de ello. Lo que sí sé es que el cuento se repite con tanta certeza en ciertos círculos que poco importa si es cierto o no.
Los acercamientos del actual gobierno con el grupo del Alba, la simpatía manifestada en eventos internacionales, las banderitas rojas para el día de la Revolución, toda esa gesticulación que hasta ahora ha sido más que todo simbólica, ha alienado a un sector social dispuesto a movilizarse para evitar que aquí se repita, como en los años ochenta, la situación de Nicaragua.
Si es cierto que la Primera Dama está dudando en dar el salto, que podría tener paciencia y foguearse primero en el Congreso, el país podría respirar con alivio, pues se evitaría reventar el termómetro de la confrontación y las nubes más cargadas que se ven en el horizonte empezarían a desvanecerse. Ojalá.

En la prensa también hay corrupción

Dina Fernández — Sun, 20 Jun 2010 18:26:27 +0000

En la última presentación de la Cicig, los periodistas salimos a bailar y no precisamente como los héroes de la película.
La reacción del gremio ha sido el silencio y voy a romperlo porque no me parece correcto seguir callada, como si nada hubiera ocurrido. Aunque no nos guste hablar de ello de cara al público, en privado hemos discutido el tema una y otra vez, pues sabemos que la corrupción existe en nuestro medio y que al igual que en otros ámbitos, es endémica, a menudo estructural, y hace mucho daño.
Lo más grave es que los sobornos o “fafas” se dan en todos los niveles de la jerarquía, incluido el superior. En otras palabras, el dinero en sí no es la única motivación, también lo es el poder, lo cual resulta grave.
Esa es la realidad y después de tanto criticar a los demás, de señalar a los militares, a los políticos, a los abogados, a los médicos y hasta los ingenieros por tolerar corruptos, no se vale fingir sordera cuando se alude a nuestra propia parcela.
El gremio periodístico, ahora más que antes, está hinchado de rumores acerca de quién se vende y quién no. La mayoría de veces son eso, rumores, porque si no hay pruebas contra quienes matan a sangre fría y roban millones, menos las va a haber contra quienes prostituyen a la opinión pública.
¿Qué es lo más sólido que he escuchado al respecto? Quejas de personajes que aseguran haber sido objeto de chantaje por periodistas de todo rango; mujeres, víctimas de acoso sexual bajo amenazas de linchamiento mediático; que hay colegas a sueldo del gobierno o de entes empresariales; que se compran plumas con una lisonja o una plaza para un pariente; que se recibe dinero o favores a cambio de decir o dejar de decir.
Ahora, ¿qué me consta a mí? Ante todo, las reiteradas confesiones, cargadas de culpa y amargura, de un colega. Cómo olvidar también al abogado que declaró, sin advertir “el quemón”, que cobraba dos tarifas: con propaganda y sin ella.
Una reportera a mi cargo regresó un día indignada de una cobertura, porque un funcionario, hoy diputado, intentó darle dinero y cuando ella se negó, el hombre le tiró encima los billetes.
Cuando se destapó la famosa “red Moreno” del contrabando, hace años, un compañero ni siquiera regresó a vaciar su escritorio porque había ido a la casa del acusado varias veces en compañía de pilotos y fotógrafos. (Siempre se dijo que entre los archivos secuestrados en ese caso aparecieron documentos inculpando a periodistas, pero la “lista” nunca se hizo pública, quizá porque se utilizó para “machucar colas”).
La presentación de la Cicig trajo a colación varios temas en el gremio. Ante todo, el papel que juegan los relacionistas públicos, cuya profesión existe en todo el mundo, de manera legal y legítima, y puede ejercerse con ética (comenzando por los clientes que se acepta atender o no).
Sin embargo, este caso demuestra que los periodistas debemos manejar con cuidado nuestra relación con los publicistas institucionales, pues su razón de ser es influir en nuestro trabajo. Algunos pueden intentarlo en buena lid, con datos, evidencia y argumentos; otros lo hacen repartiendo dinero, difundiendo mentiras, manipulando información, pactando contenidos e involucrándonos en agendas que van más allá de lo aparente, a favor o en contra de determinados intereses económicos y políticos.
En cuanto a los señalamientos específicos que hizo la Cicig, habría que matizar varios puntos. Uno de los documentos incautados habla de un cheque en el contexto de una entrevista, pero también señala que este cheque no debe entregarse al periodista que hizo la nota. Si el cheque existió –cosa que no sabemos– y si lo entregaron, uno se pregunta a quién y por qué.
Por último, vale la pena resaltar que aunque el señor Ibarra proponía generar una campaña de desprestigio hacia la Cicig, no toda la gente que critica a la Comisión o se opone a ella es parte de la misma. Hay quienes disienten por convicción y eso es su derecho.